Gobierno insiste en implementar decreto que traslada millones de afiliados a Nueva EPS
El Ministerio de Salud pidió al Consejo de Estado levantar la suspensión del Decreto 0182 que busca trasladar 2,6 millones de afiliados a la Nueva EPS. El alto tribunal había frenado temporalmente la norma en mayo, argumentando problemas financieros en el sector. El Gobierno sostiene que la suspensión retrasa soluciones para zonas apartadas, pero el tribunal ya alertó sobre incumplimientos en estándares financieros de la cartera.
La administración Petro sigue empecinada en sacar adelante su reforma de salud. El Ministerio de Salud acudió nuevamente ante el Consejo de Estado para intentar levantar la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026, una norma que busca reubicar a 2,6 millones de colombianos hacia la Nueva EPS. La medida cautelar que frenó este decreto fue anunciada el pasado 6 de mayo, lo que ha generado un pulso entre el Gobierno y la rama judicial.
Desde la cartera sanitaria argumentan que mantener la suspensión del decreto afecta directamente la organización del sistema en territorios apartados. Según el Ministerio, existen otras opciones menos radicales para tranquilizar las preocupaciones judiciales, como reglamentaciones adicionales, lineamientos técnicos u otros mecanismos de coordinación institucional. El Gobierno también cuestiona que detener completamente la aplicación de la norma genera mayores daños al interés general que permitir que funcione mientras continúa el proceso legal.
La cartera afirma que el decreto contiene herramientas orientadas a corregir problemas estructurales históricos del aseguramiento, especialmente en municipios donde hay poca presencia de entidades promotoras de salud. Asegura que así se busca mejorar la sostenibilidad financiera y reducir la fragmentación operativa en diferentes regiones.
Sin embargo, el Consejo de Estado ya había sacado las uñas en su decisión provisional. El alto tribunal advirtió que el ministerio presenta "un incumplimiento reiterado de estándares financieros, incluyendo un patrimonio adecuado negativo y un déficit en sus reservas técnicas". Además, la corte fue directo: consideró que no es razonable "sostener que concentrar a la población en entidades intervenidas o con crisis de sostenibilidad garantice la eficiencia del servicio".
La pelota ahora está en el tejado del Consejo de Estado. El tribunal deberá decidir si levanta la suspensión del decreto o mantiene el freno mientras avanza el análisis de fondo sobre la legalidad de la norma. De esa decisión dependerá gran parte del futuro del aseguramiento territorial y de cómo funcione la salud en diferentes zonas del país.
Fuente original: El Colombiano - Colombia
