El Gobierno no se rinde. Después de que el Consejo de Estado ordenara frenar el aumento del salario mínimo en 23%, los ministerios del Trabajo y Hacienda radicaron una apelación para intentar que se revoque esa decisión. El documento fue presentado también por la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En el escrito, el Ejecutivo argumenta que el tribunal "excedió los límites del poder cautelar" al tomar esa decisión. Básicamente, el Gobierno sostiene que el Consejo de Estado se pasó de la raya al adoptar lo que llama "una medida de máxima intensidad que reconfigura transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo". En otras palabras, el Gobierno cree que el tribunal no tenía autoridad para detener de manera provisional un decreto que ya estaba en vigor.

El trasfondo de esta batalla judicial se remonta a finales de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro decretó aumentar el salario mínimo en aproximadamente 23,7%. Esto sucedió después de que fracasaran las negociaciones entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación. Con ese ajuste, el salario mínimo llegó a $1'750.905 mensuales, más el auxilio de transporte, acercándose así a los dos millones de pesos en total.

Pero el 13 de febrero el Consejo de Estado le puso un freno. El tribunal admitió una demanda de nulidad contra el decreto y lo suspendió provisionalmente. El magistrado Juan Camilo Morales, quien encabezó el análisis, señaló que el Gobierno no había cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos que exige la Ley 278 de 1996.

La ley es clara: cuando se sube el salario mínimo, la administración tiene que justificar la decisión mirando variables económicas concretas como la inflación, la productividad de los trabajadores y el crecimiento del país. El tribunal encontró que el Ejecutivo basó principalmente el aumento en el concepto de "salario vital" —lo que sería el mínimo para vivir dignamente— pero eso no es suficiente según la norma. El Consejo de Estado determinó que este criterio no puede ser el único fundamento para definir cuánto sube el salario cada año.

Ahora la pelota está nuevamente en la cancha del Consejo de Estado, que deberá decidir si revoca su propia medida o si el Gobierno tendrá que reformular la justificación del aumento para que sea legalmente válido. Mientras tanto, el impacto real en el bolsillo de los trabajadores colombianos queda en suspenso.