El Ministerio de Ambiente encendió los motores de una apuesta ambiciosa: prohibir que se otorguen nuevas concesiones para explotar minerales y petróleo en la Amazonia colombiana. El primer paso ya está en marcha con consulta previa a las comunidades indígenas que habitan varios departamentos amazónicos, iniciativa que se comenzó a debatir en la Mesa Regional Amazónica.

La intención es clara: convertir la selva amazónica en un territorio vedado para nuevas actividades extractivas. Con esto se buscaría resguardar los bosques, proteger las fuentes de agua y conservar la riqueza en biodiversidad que caracterizan este ecosistema crucial para el planeta. El proceso incluye que pueblos indígenas puedan presentar sus observaciones y recomendaciones antes de que se cierre cualquier decisión al respecto.

El problema es el reloj. Con el cambio de gobierno tocando la puerta, expertos en derecho ambiental ya levantan la mano en duda. Consideran poco probable que todo el trámite se zanje antes de que asuma el presidente electo, y advierten que incluso si se expide la resolución, la próxima administración podría demandarla o derogarla de un plumazo.

La preocupación también viene del futuro. El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, ya ha expresado sus reparos sobre la iniciativa. Según él, restringir actividades legales de minería e hidrocarburos podría terminar empujando a más gente hacia la ilegalidad en una región que ya sufre de minería clandestina y deforestación descontrolada.

Los especialistas en el tema coinciden en algo: que esta medida solo funcionará si va de la mano con acciones más fuertes del Estado contra todas esas actividades ilegales que siguen socavando la Amazonia. No basta con cerrar las puertas formales si por las ventanas sigue entrando la depredación.