La Secretaría Jurídica de la Presidencia le puso freno a una iniciativa del Ministerio de Defensa que buscaba retirar condecoraciones militares a uniformados que han reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz su responsabilidad en falsos positivos, es decir, asesinatos de civiles presentados falsamente como bajas en combate. El documento, firmado el 8 de mayo por el asesor jurídico Rubén Darío Calderón Jaramillo, explica que la normativa actual no permite quitar medallas con base en decisiones de la JEP. Según el Decreto 1070 de 2015, esa posibilidad solo existe cuando hay condenas de la justicia ordinaria o la justicia penal militar.

El proyecto de defensa surgió después de que 12 militares del Batallón La Popa, en Valledupar, reconocieran ante la JEP su participación en el asesinato de al menos 135 civiles entre 2002 y 2005. Entre los uniformados hay oficiales y suboficiales que admitieron públicamente haber participado en asesinatos, secuestros y montajes operacionales, dentro de un esquema que incluso incluía incentivos por resultados en el combate. La idea era retirar esas distinciones como una forma de reparación simbólica para las víctimas y como garantía de que esto no volvería a ocurrir.

Sin embargo, la Secretaría Jurídica argumentó que los exhortos de la JEP no constituyen órdenes judiciales con suficiente peso para revocar condecoraciones. En su respuesta, el despacho presidencial señaló que "el llamamiento o apremio no puede confundirse con una orden judicial". Esta decisión ha generado malestar entre organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes ven como contradicción que militares que ya confesaron crímenes de guerra sigan manteniendo honores otorgados por el Estado.

El caso abre nuevamente el debate sobre qué tanta autoridad tienen las decisiones de la JEP y sobre las medidas de reparación simbólica en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Las cifras de la JEP son elocuentes: al menos 7.837 personas fueron asesinadas entre 1990 y 2016 para presentarlas falsamente como guerrilleros muertos en combate. El 82 por ciento de esos casos ocurrió entre 2001 y 2008.

Mientras la administración Petro resuelve lo jurídico, la JEP ha dado un paso simbólico. Hace poco inauguró en Granada la exposición "Renunciar al silencio y a la negación", que reúne 30 medallas entregadas por militares a víctimas de falsos positivos. Las condecoraciones fueron otorgadas originalmente a integrantes del Batallón de Artillería No. 4 "Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez" (BAJES), de la IV Brigada del Ejército Nacional, como supuesto reconocimiento a resultados operacionales que, según la JEP, eran en realidad falsas bajas en combate.

La muestra busca visibilizar los aportes a la verdad de antiguos oficiales, suboficiales y soldados que han reconocido su responsabilidad en estos crímenes y participado en actos restaurativos. Las medallas fueron entregadas durante audiencias públicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones presentadas ilegalmente como bajas en combate.

En Antioquia, las cifras del subcaso son aún más crudas. Entre 2002 y 2007, integrantes de la fuerza pública asesinaron al menos 589 personas en esa región y las presentaron falsamente como combatientes muertos en operaciones. De esas víctimas, 228 fueron desaparecidas forzosamente. De los 50 máximos responsables imputados por la JEP en este subcaso, 42 han reconocido su responsabilidad en los hechos.