El presidente Gustavo Petro dio por terminada una de sus apuestas más emblemáticas: el Gobierno Nacional firmó el decreto que inicia formalmente la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. La medida, conocida a través de Red+, marca el cierre de una entidad que apenas llevaba dos años funcionando y que nació con la promesa de reducir las brechas sociales y atender a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos históricamente dejados de lado por las políticas públicas.

La noticia cayó como un baldado de agua fría en los trabajadores del ministerio. Desde el lunes pasado, funcionarios realizaron un plantón en las puertas del Departamento Administrativo de la Presidencia exigiendo respuestas sobre qué pasará con sus empleos. Según ellos, la forma en que fueron sacados de sus puestos fue abrupta y sin explicación. "Nos sacaron como unos perros, sin un decreto", denunció una de las trabajadoras durante la protesta. La cifra que circula es alarmante: más de 600 personas podrían quedarse sin empleo cuando se concrete el cierre, y todavía no hay claridad sobre qué pasará con sus contratos.

El decreto establece que el ministerio pasará a llamarse oficialmente "Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación" y tendrá un año inicial para completar el cierre, plazo que el Ejecutivo puede prorrogar. Durante este tiempo, la entidad no podrá iniciar nuevas actividades y solo podrá hacer lo necesario para cerrar sus operaciones. Un liquidador designado directamente por el presidente será quien maneje la representación legal, y el cargo de ministro o ministra desaparece con la firma del decreto.

Lo que pasó con este ministerio es un reflejo de los tropiezos que enfrentó desde sus primeros meses. Fue encabezado inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez, quien intentó convertirlo en el símbolo del "Gobierno del Cambio". Pero las cosas se torcieron rápido: hubo tensiones internas, dificultades para armar la estructura administrativa y cuestionamientos legales que no paraban de llegar. El golpe más duro llegó en mayo de 2024, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que lo había creado, señalando que había vicios en el trámite legislativo y que faltaba un análisis sobre el impacto fiscal. El Gobierno intentó lanzar una nueva iniciativa para arreglarlo, pero el proyecto se quedó estancado en el Congreso.

A los problemas legales se sumaron controversias que socavaron la credibilidad de la entidad: denuncias de acoso laboral, cuestionamientos a nombramientos de funcionarios de alto nivel, investigaciones disciplinarias y críticas por no ejecutar bien el presupuesto de algunos programas. Todo esto dejó a la institución desgastada y sin el impulso político que necesitaba para sobrevivir.

Ahora, mientras el Gobierno redistribuye las funciones del ministerio hacia otras entidades estatales, los trabajadores siguen en la incertidumbre. Las organizaciones sindicales del ministerio emitieron un comunicado defendiendo el trabajo realizado durante estos años y pidieron una reunión urgente con el presidente Petro para explorar alternativas que permitan preservar al menos parte de lo que se construyó.

La liquidación del Ministerio de Igualdad representa el fin de una de las promesas más representativas de la administración Petro. Lo que nació como un proyecto ambicioso para combatir las desigualdades estructurales del país termina cerrándose en medio de cuestionamientos, protestas y la frustración de cientos de personas que ven desvanecerse sus empleos.