El Gobierno acaba de extender la intervención forzosa de Nueva EPS hasta 2027 con una resolución que deja más preguntas que respuestas sobre el futuro de los 11,5 millones de colombianos que dependen de esta aseguradora. La medida lleva a Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, a asumir como nuevo interventor, después de que Luis Óscar Galves completara más de dos años en el cargo sin lograr resolver la crisis de la entidad.

Ospina tendrá treinta días para presentar un plan de trabajo que aborde los temas más urgentes: resolver las reclamaciones de salud pendientes, especialmente aquellas clasificadas como "riesgo vital", y evaluar la red de prestadores de servicios para garantizar que los afiliados puedan acceder "de manera oportuna, segura, pertinente y continua" a los servicios. El documento también exige que se identifiquen deficiencias en la red y se tomen "medidas correctivas para mejorar la accesibilidad y calidad de la atención médica proporcionada".

En cuanto a la recuperación financiera, la resolución habla de "implementar y desarrollar medidas de salvamento" para que Nueva EPS cumpla con condiciones de solvencia. La idea es ejecutar acciones jurídicas para cobrar la cartera pendiente ante entes territoriales y otros deudores del sistema de salud. Lo preocupante es que la entidad no ha presentado estados financieros desde 2024 y arrastra deudas multimillonarias que la tienen al borde del colapso.

Lo que llama más la atención es que el documento busca reducir "el riesgo jurídico por la interposición de acciones de tutela", una medida que suena contradictoria cuando para marzo de este año había más de 120.000 tutelas que ni siquiera se habían abierto desde Nueva EPS. Estas demandas hacen parte de las más de 518.000 quejas presentadas contra la aseguradora en 2025 solamente.

Mientras el Gobierno llena la resolución de lenguaje técnico e insiste en estrategias "efectivas" para salvar a la entidad, la realidad en las calles es brutal: prestadores de servicios que ya no confían en la EPS, usuarios muriendo a la espera de tratamientos y medicamentos que no llegan, y un sistema de salud tambaleándose bajo el peso de una aseguradora que representa casi la tercera parte de los afiliados en Colombia. Falta ver si treinta días serán suficientes para convertir estas intenciones en soluciones reales.