Otro año más bajo vigilancia estatal. El Gobierno acaba de extender la intervención de Emssanar hasta mayo de 2027, una medida que se mantiene vigente desde mayo de 2022. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmó la resolución argumentando que la EPS aún no ha resuelto los problemas que justificaron la intervención inicial. Se trata principalmente de asuntos financieros y operacionales que han impedido su funcionamiento adecuado.

Emssanar tiene una presencia considerable en el sur del país, especialmente en el Valle del Cauca con operaciones en Cali y Buenaventura, además de Nariño y Putumayo. La entidad atiende aproximadamente 1.673.000 afiliados, muchos de ellos en zonas rurales con altos índices de pobreza. El gobierno justifica la prórroga diciendo que busca garantizar la prestación de servicios de salud a estos usuarios y proteger los recursos del sistema.

Pero los números hablan de un fracaso evidente. Según un informe de la Contraloría, Emssanar apenas cumple con el 4,48 por ciento de los fallos de tutela emitidos por los juzgados para proteger el derecho fundamental a la salud de sus pacientes. Es el peor desempeño entre las ocho EPS intervenidas en el país. Ninguna de ellas —Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Capresoca— alcanza el cumplimiento total de estas decisiones judiciales.

En mayo pasado, los trabajadores de Emssanar escribieron al presidente Gustavo Petro y a sus ministros pidiendo que no se liquide la entidad. Argumentaban que sus problemas financieros deben entenderse considerando la difícil situación geográfica y social de quienes atienden: poblaciones dispersas, rurales y empobrecidas que demandan más recursos médicos. Ese mismo mes, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), fue más cruda en su diagnóstico. Dijo que la intervención del Gobierno ha sido un fracaso y que "el remedio resultó peor que la enfermedad".

La Contraloría coincide. Advirtió que las intervenciones no han estabilizado el sistema, sino que lo han profundizado. Las ocho EPS intervenidas sufren lo que llamó "deterioro crítico y sostenido". Vesga añadió a Caracol Radio que "se advirtió hace varios meses que la fragilidad de estas entidades históricamente nunca se ha corregido a través de las intervenciones. No conocemos el primer caso". El problema es mayor: 700 mil usuarios se trasladaron durante 2025 desde esas EPS hacia aseguradoras que no están intervenidas, generando más presión sobre un sistema ya quebrado.

Los casos más preocupantes incluyen Nueva EPS, la más grande del país con 11,6 millones de afiliados. Según la Contraloría, no tiene estados financieros certificados desde 2024 ni 2025, lo que imposibilita verificar sus cifras. Además, le faltan 4,9 billones de pesos en reservas técnicas y otros 13,6 billones en anticipos por legalizar. El próximo presidente de Colombia heredará 19,8 millones de personas afiliadas a EPS en condiciones de fragilidad "administrativa y financiera severa". La extensión de Emssanar es apenas un parche más en un sistema que necesita cirugía mayor.