El gobierno acaba de expedir el Decreto 492/26, una medida que amplía significativamente los beneficios dirigidos a personas desmovilizadas de grupos armados. A través de este decreto, el presidente Gustavo Petro ha determinado expandir un paquete de subsidios que incluye pagos mensuales, asignaciones para vivienda, financiamiento de proyectos productivos y educación cubierta con recursos del erario público.

La decisión ha encendido las alarmas entre sectores que cuestionan las prioridades del gobierno en un momento en que el país enfrenta una situación fiscal complicada. Los críticos argumentan que mientras se amplían estos beneficios para desmovilizados, el ejecutivo encuentra obstáculos para materializar otras promesas sociales que hizo durante su campaña electoral. Según los cuestionamientos, existe una desproporción entre los compromisos contraídos con los grupos armados y la capacidad real del gobierno para atender las demandas de la población en general.

Estas críticas se suman a otras denuncias que ya circulan, como la presión de grupos armados para influir en candidaturas políticas y lo que se califica como un continuo proselitismo político desde el gobierno. El decreto genera, entonces, un debate más amplio sobre las prioridades presupuestales y la coherencia entre el discurso y las acciones de la administración Petro.