El Gobierno del presidente Gustavo Petro materializó la emergencia económica con cinco decretos expedidos en la noche del 24 de febrero. Estas medidas buscan contener los efectos de las lluvias extraordinarias que han azotado simultáneamente ocho departamentos, dejando inundaciones graves que comprometen no solo el campo sino también la educación y la energía del país.

Según el Ejecutivo, existe una "perturbación grave e inminente del orden económico, social y ecológico" causada por un fenómeno climático anómalo. Para hacerle frente, el Gobierno combinó decisiones fiscales, ambientales, contractuales y sociales que buscan desactivar la crisis antes de que se profundice aún más.

El primero de estos decretos crea un impuesto temporal al patrimonio dirigido a empresas y personas jurídicas con activos superiores a 10.474 millones de pesos a partir de marzo de 2026. La mayoría pagaría una tarifa general del 0,5%, pero bancos, aseguradoras y empresas extractivas como petroleras y carboníferas pagarían el 1,6%. El dinero se cobraría en dos cuotas durante abril y mayo de 2026.

El agro, que ha sufrido devastaciones en más de 176.000 hectáreas, recibe alivio a través de otro decreto que agiliza la compra y saneamiento de tierras. El Estado comprará predios para reubicar campesinos y permitirá que estas tierras lleguen libres de deudas o embargos para su uso inmediato. También se establecen líneas de crédito y reestructuración de pasivos para agricultores golpeados.

Una medida controversial autoriza la contratación directa sin licitación pública ni restricciones de la Ley de Garantías durante periodo electoral. Esto permite acelerar obras urgentes y adicionar contratos sin el límite tradicional del 50%, siempre que atiendan la emergencia. El Gobierno defiende esta flexibilización como necesaria para responder rápido.

En lo social, el Decreto 0176 garantiza que más de un millón de estudiantes sigan recibiendo el Programa de Alimentación Escolar incluso si hay suspensión de clases presenciales. Las raciones se entregarían en casa y se ajustaría el calendario académico en regiones con sedes educativas deterioradas por las inundaciones.

Finalmente, el sector eléctrico contribuirá con un aporte adicional del 2% para financiar recuperación ambiental y se ordenan ajustes en la operación de represas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que aunque el paquete podría recaudar cerca de 8 billones de pesos, este monto podría resultar insuficiente ante la magnitud de las afectaciones y la urgencia de reactivar la economía.