Colombia acaba de tomar una de las decisiones más contundentes en la historia reciente de su sistema de salud. El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó la Resolución 695 de 2026, que deja por fuera del Plan de Beneficios más de cien procedimientos, medicamentos y tratamientos que hasta ahora eran cubiertos con dineros públicos. Para millones de colombianos, esto significa que tendrán que pagar de su bolsillo lo que antes era responsabilidad del Estado.

La resolución traza una línea clara entre lo que considera esencial para vivir y lo que califica como opcional. Los procedimientos estéticos como liposucción, rinoplastia y aumento de senos quedan fuera, salvo cuando hay una deformidad de nacimiento o resultado de un accidente confirmado médicamente. Las terapias alternativas sin comprobación científica, como la ozonoterapia y la aromaterapia, también desaparecen del listado de cobertura. Uno de los puntos más polémicos es la exclusión de técnicas de fertilidad como la fecundación in vitro y la inseminación artificial, procedimientos que habían generado miles de fallos de tutela en años anteriores.

El golpe también llega al botiquín de la casa. El minoxidil, el medicamento más usado contra la caída del cabello, ya no tendrá cobertura. Medicinas para la osteoartritis como la diacereína también fueron eliminadas. Aunque suene a cosas menores, para pacientes con alopecia o artritis crónica, esto representa un costo significativo cada mes que antes no tenían.

Detrás de esta decisión está una crisis sin precedentes. Las EPS y los prestadores de salud están técnica y financieramente quebrados. En Bogotá, la Clínica Juan N. Corpas opera con apenas cuatro camas de cuidado intensivo después de despidos masivos de especialistas. La Clínica Medical ha cerrado sedes y cancelado tratamientos de cáncer por falta de dinero. En regiones, decenas de hospitales han reducido servicios porque las EPS no les pagan a tiempo. El Ministerio defiende la medida diciendo que es necesario "concentrar los recursos públicos en tecnologías médicas con evidencia científica y procedimientos que salvan vidas", priorizando cáncer, enfermedades del corazón y salud mental.

Pero la reacción ha sido inmediata. Asociaciones de pacientes y gremios médicos alertan que esto profundizará la desigualdad: solo quienes tengan dinero accederán a fertilidad, estética o medicamentos básicos, mientras los más pobres verán reducida su cobertura. También advierten que aumentarán los pleitos ante los juzgados, donde pacientes intentarán amparar su derecho a tratamientos que el Estado ahora rechaza financiar.

Con la Resolución 695, Colombia marca un punto de quiebre. El Estado les dice a sus ciudadanos que hay tratamientos que considera prescindibles, y que la salud pública solo puede garantizar lo estrictamente vital. En medio de la emergencia financiera del sistema, la definición misma de qué es salud ha cambiado.