El Gobierno del Presidente Gustavo Petro envió al Congreso de la República un plan indicativo para vender activos estratégicos de Ecopetrol valorados en 50 billones de pesos. La medida, aunque aún debe tramitarse en el Legislativo y luego en la Junta directiva de la empresa, abre un debate intenso sobre las consecuencias financieras y estratégicas para el país.

Quienes defienden a Ecopetrol advierten que el plan buscaría desmantelar la empresa mediante la venta de sus filiales más importantes. Empresas como Hocol en exploración, Cenit y Ocensa en transporte de crudo, y Reficar en refinación son consideradas los pilares del grupo empresarial. Sin ellas, señalan los críticos, Ecopetrol quedaría reducida a una estructura vacía. La única excepción que mencionan es ISA, la transportadora de energía, que según algunos podría venderse al Grupo Energía Bogotá. También está sobre la mesa la venta de la participación de Ecopetrol en el Permian, en Texas.

Lo que genera mayor preocupación es el impacto fiscal. Ecopetrol representa la principal fuente de financiamiento de la Nación. En 2025, aunque sus utilidades cayeron a 9 billones de pesos (una caída de casi 40 por ciento frente a 2024), la empresa giró 35 billones al Estado en impuestos, dividendos y regalías a entidades territoriales. En cuatro años, ha transferido alrededor de 180 billones de pesos. La pregunta que queda flotando es qué fuente de ingresos ocuparía su lugar en el presupuesto nacional.

Desde otra perspectiva, también se cuestiona si existe una estrategia clara detrás de estas ventas. Mientras el Gobierno insiste en acelerar la transición hacia energías limpias, el plan no ofrece claridad sobre cómo se reinvertirían esos recursos para garantizar sostenibilidad y rentabilidad. Vender activos sin un propósito bien definido en mercados volátiles puede significar hacerlo a precios bajos, debilitando la posición financiera de la empresa a largo plazo.

Hay también una tensión ideológica evidente. El Gobierno ha sido crítico con el sector privado y sus ganancias, lo que contrasta con la idea de privatizar una empresa estatal estratégica. El Presidente Petro ha expresado públicamente que "el tiempo del petróleo se acabó" y que Colombia debe abandonar su producción. Sin embargo, analistas señalan que mientras haya demanda global de petróleo habrá quien lo produzca, y no es realista pensar que el volumen que Colombia dejaría de producir simplemente desaparecería del mercado.

La responsabilidad final recae en la Junta directiva de Ecopetrol. Serán sus miembros quienes tendrán que responder ante la Contraloría General de la República si sus decisiones afectan el patrimonio de la Nación. Este es apenas el comienzo de un proceso largo que incluye trámite legislativo y luego aprobación corporativa. La definición de si el plan prospera o no podría depender, finalmente, de las futuras elecciones presidenciales.