Cuando la salud se mezcla con la política, algo no huele bien. Eso es lo que está pasando en el Gobierno con un proyecto de decreto que entregaría recursos por 300 mil millones de pesos al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) para que su entidad promotora de salud haga la transición a un nuevo sistema. El problema es que esta organización tiene vínculos directos con el Ejecutivo y el Pacto Histórico, y el anuncio llega apenas a mes y medio de las elecciones presidenciales.

A finales de marzo, el Ministerio de Salud sacó adelante un proyecto de decreto que modifica las normas para operar el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural, conocido como Sispi. Los recursos irían destinados a hospitales, clínicas y otros proveedores de salud a los que la Asociación Indígena del Cauca debe dinero por servicios prestados a su población afiliada. El documento fue enviado al Ministerio de Hacienda el 23 de febrero y sigue en espera de la firma del ministro Germán Ávila. Según fuentes de la cartera de salud, esta semana hubo reuniones de contratistas en Popayán mientras avanzan los trámites.

Lo que genera suspicacia es que el Gobierno lleva más de tres años insistiendo en que la unidad de pago por capitación (el dinero que el Estado entrega a cada EPS por afiliado) es suficiente. El presidente Petro fue claro en septiembre pasado cuando dijo: "Las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar, porque quiero salvar la salud de la gente". Sin embargo, con los indígenas el rasero parece ser distinto. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, incluso compareció ante la Corte Constitucional el 13 de abril negando que el Gobierno esté desfinanciando el sistema, insistiendo que el problema es la ineficiencia de las EPS. Pero entonces, ¿por qué entregarle 300 mil millones a una EPS indígena para pagar sus deudas si a Sura, Sanitas, Famisanar y otras del sistema general les niega un salvavidas financiero?

La ironía es más profunda si se mira que los propios estudios de gremios del sector reconocen que las aseguradoras gastan 109 pesos por cada 100 que reciben, lo que sugiere que el problema sí es de financiación insuficiente. Además, el presupuesto que incluye un incremento del 26% en la unidad de pago para la transición al Sispi de la EPS Asociación Indígena del Cauca es un reconocimiento implícito de que la UPC es insuficiente, como explica Giovanni Jiménez, investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Otro detalle que llama la atención es que en Colombia hay al menos 159 organizaciones y asociaciones indígenas, pero el Cric es el único proyectado para recibir recursos con este propósito de pagar deudas. Esta semana, la senadora Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, estuvo en una gira de campaña llamada "Minga por Colombia" visitando Popayán. Quilcué fue una destacada lideresa del Cric y la primera mujer en estar al frente de su Consejería Mayor entre 2003 y 2009. El Consejo Regional la está apoyando en su aspiración para que el petrismo continúe en el poder.

El Ministerio de Salud no ha respondido a varios cuestionamientos sobre por qué el decreto no está publicado en su página web, si hay otros proyectos similares en otras comunidades indígenas, cuál fue el criterio para el incremento del 26%, ni cómo se justifica esta medida cuando se niega ayuda a otras EPS. Sin respuestas y con elecciones a la vuelta de la esquina, la situación deja más dudas que certezas sobre si esto es política de salud o salud politizada.