En medio de una de las peores crisis de confianza que ha vivido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recibió del Gobierno la responsabilidad de coordinar 6,34 billones de pesos. El dinero fue autorizado mediante decretos de emergencia tras las lluvias torrenciales que han azotado el país, dejando cientos de damnificados y daños incalculables en infraestructura y viviendas.

Los departamentos más golpeados son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Las precipitaciones han generado inundaciones en barrios enteros, destruido carreteras, colapsado puentes y dejado comunidades completamente aisladas. En el Caribe, los ríos se desbordaron obligando a evacuar viviendas, mientras que en el Pacífico los deslizamientos han cortado corredores viales. Hay escuelas dañadas, cultivos perdidos bajo el agua y familias que lo perdieron todo.

El grueso del presupuesto aprobado irá a recuperar lo que las aguas destruyeron. El sector agropecuario recibirá cerca de 1,7 billones de pesos para rehabilitar tierras, recuperar suelos productivos y ofrecer créditos y alivios financieros a campesinos que perdieron sus cultivos. Vivienda contará con aproximadamente 1,32 billones para reparar casas y construir nuevas soluciones habitacionales para familias que necesitan reubicarse de zonas de alto riesgo. Educación tendrá más de un billón de pesos para reconstruir o adecuar escuelas, mientras que transporte recibirá 626 mil millones para reparar vías y puentes destruidos.

También se asignaron 1,17 billones de pesos para la Presidencia de la República canalizados hacia programas sociales de atención de la emergencia. Ambiente recibirá 187 mil millones para recuperación ambiental y mitigación de riesgos, y minas y energía tendrá 110 mil millones para atender infraestructura energética dañada.

Aunque inicialmente se entendió que la UNGRD administraría directamente los recursos, su director Carlos Carrillo aclaró que el dinero será ejecutado a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La UNGRD actuará como coordinadora del sistema nacional y ordenadora del gasto, pero no tendrá manejo directo de los fondos.

La asignación llega en el peor momento posible para la entidad. Hace poco se destapó un escándalo de corrupción que reveló el desvío de contratos y dinero público dentro del sistema de gestión del riesgo. Exdirectivos, funcionarios y hasta congresistas están vinculados a procesos judiciales por este caso, que sigue bajo investigación. La credibilidad de la UNGRD está tocada, y ahora debe demostrar que puede manejar responsablemente estos recursos históricos para que los colombianos afectados por las lluvias efectivamente reciban la ayuda que necesitan.