En medio del creciente pulso de tensión en la frontera colombo-ecuatoriana, el Gobierno Nacional decidió llevar más soldados y policías a Nariño. La medida llegó después de una reunión estratégica de seguridad realizada en Ipiales, donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto con los altos mandos militares y de Policía, evaluaron la situación del orden público en esta región clave del suroccidente del país.

El refuerzo es importante: llegarán aproximadamente 500 uniformados en los próximos días. De estos, 270 serán soldados del Ejército Nacional y 200 agentes de la Policía Nacional, quienes se ubicarán en puntos estratégicos para enfrentar a los grupos armados organizados y las redes de crimen transnacional que operan en la zona de frontera.

La estrategia no se limita a incrementar presencia militar. Se busca potenciar la Operación Cordillera, que ha permitido golpear estructuras logísticas y criminales. También llegará equipo blindado para fortalecer la vigilancia en las vías principales del departamento. En el municipio de Mallama, el Gaula Militar intensificará sus operaciones contra la extorsión, delito que ha afectado a comerciantes y agricultores de la región.

En el frente marítimo y fluvial, la Armada Nacional ya desplegó la patrullera "20 de Julio", la más grande construida en el país, que recientemente incautó cerca de 2,4 toneladas de droga en el Pacífico. En los próximos días llegará una nueva patrullera de costa y se sumarán más embarcaciones para reforzar el control en los límites con Ecuador.

Pero la apuesta del Gobierno va más allá de los uniformados. Anunció el Pacto por Nariño, una iniciativa con inversiones superiores a 7,5 billones de pesos durante la próxima década destinadas a infraestructura y desarrollo territorial. Además, el Programa Renacemos buscará vincular a más de 14 mil familias a procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través de incentivos productivos. La idea es ofrecer alternativas a quienes viven del negocio ilegal.

Las autoridades reportaron avances en reducción de delitos: los secuestros bajaron un 50 por ciento, mientras que el desplazamiento forzado y el confinamiento cayeron un 75 por ciento. En lo que va del año, han capturado más de 2.200 personas por diversos delitos en el departamento. El Gobierno insiste en la importancia de que los ciudadanos denuncien a través de las líneas 107 y 157, herramientas clave para seguir consolidando la seguridad en esta región de frontera.