Con la vista puesta en los comicios de 2026, el Gobierno Nacional echó a andar un sistema especial de vigilancia digital para que los procesos electorales transcurran protegidos de ataques cibernéticos. La iniciativa sale desde el Ministerio TIC mediante el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), que coordina desde el Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia de la Policía Nacional en Bogotá.

Lo que funciona en ese centro es el Puesto de Mando Unificado ciberelectoral, una especie de cuartel de control donde equipos técnicos del Estado se turnan en vigilancia permanente. Cada hora elaboran reportes para verificar que todo esté bien en los sistemas y detectar cualquier movimiento sospechoso. La idea es identificar ataques antes de que causen daño, contener acciones maliciosas y evitar que extraigan información sensible de las bases de datos electorales.

Hasta ahora, el trabajo ha sido considerable. El dispositivo tiene bajo vigilancia 4.988 sitios y servicios web del sector público, coordina 105 equipos técnicos (50 nacionales y 55 territoriales), y ha hecho análisis en 67 sistemas electorales buscando vulnerabilidades. Además, han detectado y gestionado cuatro campañas de phishing, publicado 22 alertas de seguridad digital, y han trabajado con 133 entidades estatales en fortalecer su defensa digital.

Las herramientas que usan no son cualquier cosa: plataformas de inteligencia de amenazas, sistemas de caza de amenazas digitales y monitoreo constante de disponibilidad de sitios web. Con estas armas tecnológicas pueden detectar riesgos antes de que se materialicen y responder rápido si algo intenta colarse.

En esta batalla por mantener limpios los procesos electorales participan desde la Presidencia hasta la Defensoría del Pueblo, pasando por el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Procuraduría. Es un esfuerzo conjunto donde cada institución aporta su experiencia técnica y operativa.

El objetivo es claro: proteger la infraestructura tecnológica electoral antes, durante y después del día de votación. En un contexto donde los ataques digitales son cada vez más sofisticados, tener este escudo en marcha es lo que permite que los colombianos vote con la certeza de que el sistema está blindado.