Mientras crece la preocupación sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que el Gobierno planea instalar para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, quien lidera la negociación por parte del Estado, rechaza categóricamente que estas representen un riesgo para el proceso electoral ni que sean similares a las zonas de despeje que existieron en tiempos del presidente Andrés Pastrana. En una conversación con Colprensa, Novoa insiste en que las críticas provienen de quienes no entienden realmente cómo funciona este mecanismo de transición hacia la vida civil.

La Defensoría del Pueblo y varios expertos en negociación de conflictos han manifestado sus dudas sobre la pertinencia de crear estas zonas en medio de una campaña electoral. Sin embargo, el Gobierno sigue adelante con sus planes. Novoa explica que el traslado de los primeros 100 integrantes de la Coordinadora hacia la primera ZUT, localizada en zona rural cerca de La Hormiga en Putumayo, comenzaría en las próximas dos semanas. Una segunda zona se establecería en Roberto Payán, Nariño, también con 100 combatientes. Aunque las elecciones presidenciales están programadas para el 31 de mayo, Novoa asegura que el Gobierno trabajará para tener lista la zona antes o justo después de esa fecha.

Lo que diferencia estas zonas de las del pasado, según el negociador, es que funcionarán bajo un modelo completamente distinto. Los combatientes llegarán sin armas ni uniformes y estarán bajo vigilancia permanente de la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA). Novoa subraya que "cuando ingresan a la zona, ya dejan de pertenecer al grupo" y que "en estas zonas regirán de manera plena las reglas del estado social de derecho". Las armas serán entregadas a la MAPP/OEA para su destrucción, y la Agencia Nacional de Reincorporación supervisará el tránsito de estos hombres hacia la vida civil.

Frente a las críticas de la Defensoría del Pueblo, Novoa responde que sorprende que se cuestione un proceso que lleva planeándose seis meses atrás y que cuenta con un protocolo de 11 puntos. Insiste en que la institución ha estado acompañando la creación de estas zonas desde hace meses, incluso con una delegada en el terreno. Para Novoa, afirmar que el proceso es improvisado u oportunista electoralmente es desconocer la realidad de las negociaciones.

Respecto a los temores sobre interferencia electoral, el jefe negociador argumenta que es imposible que los 100 combatientes que ingresarán a la zona de La Hormiga afecten los comicios, pues la zona está ubicada a 15 kilómetros del casco urbano, en área rural despoblada, y sus ocupantes no tendrán derecho al voto ni habrá puestos de votación en el lugar. "De qué manera pueden incidir en el proceso electoral si quienes ingresan a la zona no van a ejercer el derecho al voto", cuestiona.

El negociador también rechaza que estas zonas representen un salto al vacío o falta de control estatal. Al contrario, presenta esto como prueba de avance en las negociaciones: el hecho de que un grupo armado esté dispuesto a entregar sus armas y entrar en un proceso de reincorporación bajo supervisión estatal es, según su visión, el mayor indicador de que la mesa de diálogos va por buen camino. Para Novoa, exigir avances más profundos antes de este paso es no entender la naturaleza de los procesos de paz.