El Gobierno Nacional se mantuvo firme en su decisión de suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, incluyendo al criminal conocido como 'Chiquito Malo', y salió al paso de las críticas internacionales. Otty Patiño, el alto consejero para la Paz, fue quien explicó los argumentos detrás de una medida que ha generado polémica tanto en Colombia como en el exterior, particularmente en Estados Unidos, que tiene pendiente una orden de extradición contra varios de estos integrantes por narcotráfico.

Patiño fue enfático al defender la soberanía nacional en estos temas. Según el funcionario, aunque las posiciones de países como Estados Unidos deben ser consideradas, estas no pueden estar por encima de las decisiones que el Estado colombiano toma en materia de paz. "El presidente es el que manda en temas de paz, entonces esa consideración es muy importante tenerla en cuenta. Por supuesto, las voces como las de Estados Unidos deben ser tenidas en cuenta, pero, de todas maneras, esas voces no pueden estar por encima de la soberanía nacional y, sobre todo, de los intereses de la paz", afirmó Patiño.

El consejero explicó que esta decisión forma parte de las facultades constitucionales del presidente Gustavo Petro como jefe de Estado y responsable directo de las políticas de paz y negociación. La medida se inscribe dentro de la estrategia de "paz total" que el Gobierno ha puesto en marcha, donde el mandatario ha invertido gran parte de su prestigio político.

Un punto importante que Patiño buscó aclarar es que la suspensión de órdenes de captura no significa que el Gobierno haya acordado detener operaciones militares o policiales contra el Clan del Golfo. Los miembros de esta organización siguen siendo vigilados por las autoridades y pueden ser capturados si reinician actividades ilegales. "No hay ningún acuerdo de suspensión de operación. De todas maneras, ellos están sujetos también a rendirle cuentas a la justicia y, de todas maneras, tener que someterse, digamos, a la Fuerza Pública cuando ellos incurran en actividades", explicó.

El funcionario también reconoció que existen desacuerdos profundos entre el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación sobre este tipo de medidas. No es la primera vez que se presentan estas fricciones, pues la Fiscalía ha manifestado su inconformidad con las decisiones del Ejecutivo en relación con la suspensión de órdenes de captura. Sin embargo, Patiño reiteró que la competencia final en estos asuntos corresponde al presidente Gustavo Petro.

La controversia ha trascendido los círculos gubernamentales y ha generado cuestionamientos en diversos sectores políticos y judiciales, principalmente porque varios de los integrantes del Clan del Golfo beneficiados tienen procesos abiertos por narcotráfico y otros delitos graves. A pesar de esto, el Gobierno mantiene su posición de que estas medidas son herramientas necesarias para facilitar diálogos con organizaciones ilegales y avanzar en la implementación de su estrategia de paz.