El Gobierno mantiene su apuesta por las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) a pesar de las advertencias de la Defensoría del Pueblo y de expertos en negociación de conflictos, quienes consideran que estas áreas llegan en mal momento: en plena campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Armando Novoa, jefe negociador en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, rechazó en una entrevista con Colprensa las críticas que han surgido alrededor del proyecto. Novoa insistió en que "la zona no será de despeje como ocurrió en el gobierno de paz con el gobierno de Pastrana", y explicó que estas zonas estarán bajo control total de la Fuerza Pública, la Unidad Nacional de Protección y observadores internacionales de la OEA.

Según el negociador, en las próximas dos semanas comenzará el traslado de 100 combatientes a la primera zona ubicada en área rural cerca de La Hormiga, Putumayo. Otra zona similar se instalará en Roberto Payán, Nariño. Los integrantes del grupo armado ingresarán sin armas ni uniformes y dejarán de pertenecer a la organización en el momento que entren a estas áreas. Novoa confía en que las zonas estarán listas entre finales de mayo o principios de junio, cuando se trasladarán un total de 200 personas, 100 en cada región.

Frente a las preocupaciones sobre posible interferencia electoral, Novoa argumentó que las zonas se ubicarán en áreas rurales despobladas sin puestos de votación, por lo que los combatientes desarmados no podrán ejercer presión alguna sobre los procesos electorales. "¿De qué manera pueden incidir en el proceso electoral si quienes ingresan a la zona no van a ejercer el derecho al voto?", cuestionó.

El jefe negociador fue tajante al responder las críticas sobre la premura del proceso. Aseguró que la creación de estas zonas "viene planeándose desde hace al menos seis meses atrás" y cuenta con un protocolo detallado de 11 puntos para su funcionamiento. También señaló que "la Defensoría nos está acompañando en el proceso de creación de las Zonas de Ubicación Temporal desde hace varios meses", lo que contradice, según su perspectiva, las afirmaciones de que el proceso sea improvisado.

Para Novoa, los cuestionamientos provienen de la falta de comprensión sobre qué representa realmente este paso. Sostuvo que "el fin de una mesa de diálogo es superar un conflicto y una violencia armada en un territorio y, para lograrlo, es que las abandonen, y esta es la mayor expresión de un estado avanzado de una mesa de diálogos". En estas zonas regirán plenamente las reglas del estado de derecho y los combatientes estarán bajo vigilancia de la Agencia Nacional de Reincorporación, autoridades locales y organismos internacionales.