Después de un debate intenso en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte acordaron reunirse en una mesa de alto nivel para investigar a fondo las irregularidades que rodean la ejecución de la Ruta del Sol III. El senador Didier Lobo Chinchilla fue quien encendió las alarmas al exponer presuntas fallas, retrasos y riesgos que ponen en peligro obras estratégicas en los departamentos del Cesar y Magdalena.

El punto más candente del debate giró en torno al denominado Otrosí 17, un acuerdo contractual que Lobo cuestionó duramente. Según el congresista, este mecanismo legal habría permitido que se desmontaran obras clave y se afectara la confianza en la infraestructura nacional. "El país exige respuestas claras. No podemos permitir que, bajo figuras legales, se desmonten obras estratégicas y se afecte la confianza en la infraestructura nacional", expresó el senador durante la sesión.

La glorieta del anillo vial de Bosconia emergió como uno de los puntos más críticos. Este proyecto no es cualquier cosa: conecta Valledupar con el interior del país y con toda la Región Caribe. Su posible abandono representa un golpe directo para la movilidad regional. Lobo también cuestionó decisiones de la ANI respecto a la concesionaria Yuma y la aplicación de la regla de los 540 días, argumentando que estas modificaciones contractuales habrían profundizado la crisis del proyecto.

Lo que más preocupa a las autoridades territoriales es que los recursos destinados a infraestructura terminen siendo usados para pagar obligaciones legales con la concesionaria, mientras que obras de doble calzada serían reemplazadas por intervenciones de menor envergadura. El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, fue claro al advertir que la posible suspensión de la variante vial representa un retroceso grave, especialmente porque el proyecto ya tiene un avance cercado al 75 por ciento pero quedó paralizado por conflictos sociales y procesos de consulta previa.

Este proyecto tiene historia. Fue adjudicado en 2010 con el objetivo de construir y mejorar más de 900 kilómetros de vías entre el centro del país y la Costa Caribe. Pero desde entonces ha enfrentado una tormenta de dificultades: crisis financieras, problemas ambientales, conflictos sociales y, en 2017, el escándalo de Odebrecht que paralizó gran parte de las obras. Intentos de reactivación en 2020 no lograron resolver el fondo del asunto.

Lobo fue contundente al rechazar que Yuma atribuya todos los retrasos únicamente a protestas sociales. Según el senador, esas manifestaciones surgieron precisamente porque hubo errores técnicos de diseño y planeación que afectaron a las comunidades. El congresista cerró su intervención con un mensaje directo: "El Gobierno Nacional debe responder a las regiones. Aquí no se trata de excusas, sino de soluciones reales para las comunidades que hoy se sienten abandonadas".