A finales de febrero salió a la luz que la defensa del presidente Gustavo Petro y su círculo familiar está en manos de Amadeus Consultancy Limited, un despacho de abogados británico fundado en 2017 y dirigido por Maryna Pogibko, una jurista ucraniana naturalizada en Reino Unido. El equipo ya está trabajando en Estados Unidos en lo que prometió ser una gestión discreta.

Lo que llama la atención es que entre los integrantes del equipo está Daniel Kovalik, un abogado estadounidense que antes trabajó con Pogibko en la defensa de Alex Saab, el empresario barranquillero acusado de ser testaferro del gobierno de Nicolás Maduro. Saab fue extraditado a Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de activos por cientos de millones de dólares, aunque posteriormente recibió un indulto de Joe Biden en 2024 y logró regresar a Venezuela.

El Gobierno contrató este despacho británico por 10.000 millones de pesos para que gestione la exclusión del presidente, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti de la Lista Clinton, que es el registro de sancionados que mantiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El contrato fue estructurado por Numen Acosta, funcionario de la Presidencia e hijo del ministro de la Igualdad Alfredo Acosta.

El asunto no pasó desapercibido. El candidato a la Cámara por Bogotá Germán Ricaurte denunció el contrato, y la congresista Katherine Miranda presentó una queja ante la Procuraduría. La entidad decidió abrir investigación previa en enero para verificar si hubo detrimento patrimonial y violación de los principios de contratación pública. El punto más cuestionado es que el convenio carecería de pólizas de cumplimiento y estaría dirigiendo recursos públicos a asuntos de índole particular.

Un documento filtrado y clasificado como "privado y confidencial" que Amadeus envió al embajador Daniel García-Peña el 10 de diciembre describía la propuesta como una "consultoría estratégica de políticas intergubernamentales" con el fin de "facilitar las conversaciones con funcionarios" americanos. El documento también mencionaba un "honorario de éxito" por 1.182.000 libras esterlinas, que al cambio de entonces significaban alrededor de 6.000 millones de pesos adicionales, más gastos por tiquetes en clase ejecutiva y hospedaje de categoría ejecutiva.

Resulta curioso que Kovalik había afirmado públicamente en entrevistas radiales que su asesoría al presidente obedecía a "convicciones personales" y que no tendría costo alguno. Sin embargo, el contrato final contempló honorarios cercanos a dos millones de dólares. Además, el Gobierno registró a la firma de cabildeo Corvus Strategic Partners PLLC ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para apoyar las gestiones, aunque los documentos dejan claro que no hay garantía alguna sobre la exclusión de listas ni sobre decisiones de la agencia estadounidense.