El Ministerio de Vivienda acaba de sacar un nuevo borrador de decreto que intenta solucionar un problema que ha afectado a miles de colombianos: el aumento automático de los precios de vivienda VIS y VIP cada vez que sube el salario mínimo. La propuesta busca cambiar la forma como se venden estas viviendas, pasando de expresar el valor en salarios mínimos a hacerlo directamente en pesos, y lo más importante, congelando ese precio desde el momento en que la familia lo separa o firma la promesa de compraventa.

Entender por qué esto importa requiere mirar hacia atrás. Hace poco, cuando el Gobierno decretó un aumento del salario mínimo del 23,7%, miles de familias que ya estaban comprando su vivienda VIS recibieron una sorpresa amarga: de repente necesitaban aportar hasta 49 millones de pesos adicionales para no perder su cupo. El problema es que la ley había definido históricamente estas viviendas en términos del salario mínimo, así que cada incremento anual generaba automáticamente un encarecimiento. Especialmente duro para quienes estaban a mitad del proceso de compra, esperando a que les aprobaran el crédito o completaran los trámites.

El nuevo borrador propone que eso se acabe. Una vez la familia separe su vivienda en, por ejemplo, 2026, el precio acordado quedaría fijo en pesos y no subiría automáticamente en 2027 porque el Gobierno haya aumentado nuevamente el salario mínimo. Los topes máximos se mantienen en los mismos niveles de antes: hasta 135 salarios mínimos para la VIS y 90 para la VIP, excepto en San Andrés. Pero la verdadera novedad está en esa congelación del precio una vez pactado.

El Gobierno respalda esta propuesta en los derechos fundamentales. El borrador cita el artículo 51 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna, y se apoya también en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, que define la VIS como aquella destinada a garantizar vivienda para los hogares de menores ingresos. También menciona el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para reforzar que el Estado debe garantizar el derecho a una vivienda adecuada.

Si esto se aprueba en firme, los cambios serían significativos pero en sentidos diferentes para cada lado. Para quienes buscan comprar, traería una certeza financiera que hoy no tienen: podrían planificar mejor sus recursos sabiendo que el valor no va a saltar de un mes a otro. Para los constructores, en cambio, significaría repensar cómo estructuran sus proyectos y presentan los precios al mercado, ajustándose a este nuevo esquema en pesos congelados.

Lo que está en juego es bastante simple: darle a las familias colombianas de menores ingresos la posibilidad real de comprar su casa sin que sorpresas a mitad del camino destruyan su plan financiero. En un país donde el derecho a una vivienda digna sigue siendo una aspiración para muchos, este cambio podría ser importante.