La delegación del Gobierno frenó abruptamente los diálogos de paz urbana que adelantaba en la cárcel de máxima seguridad de La Paz en Itagüí, tras revelarse que hubo una parranda vallenata dentro del penal. El anuncio lo hizo oficial el 9 de abril a través de un pronunciamiento contundente de los representantes gubernamentales que participan en el Espacio de Conversación Socio Jurídico, el mecanismo mediante el cual se busaba avanzar en desescalamiento de violencias en el Valle de Aburrá.

Lo que sucedió el 8 de abril dentro de esas rejas generó una crisis institucional considerable. El cantante Nelson Velásquez se presentó en el patio 1 del penal para realizar una parranda, hecho que ninguna autoridad había autorizado. El problema de fondo es que en esa cárcel están recluidos voceros de estructuras criminales de Medellín que justamente participan en estos acercamientos con el Gobierno como parte de la política de paz total.

En su comunicado, la delegación gubernamental fue clara: "El ingreso de un artista a la cárcel de Itagüí no hace parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ". Rechazó de manera contundente y categórica lo ocurrido, y anunció que la agenda de interlocución con los líderes criminales permanecerá suspendida hasta que se determine quién fue responsable de permitir esa actividad.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario no tardó en reaccionar. Abrió investigación formal para esclarecer cómo permitió el ingreso del artista, suspendió a siete funcionarios que estaban de servicio durante la visita y removió temporalmente al director del establecimiento. El Inpec enfatizó que la actividad nunca fue autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia ni por su dirección general.

El Gobierno también expresó respaldo a las medidas disciplinarias tomadas por el Inpec y reiteró que antes de reanudar cualquier diálogo hay que aclarar completamente lo que pasó. Según el comunicado oficial, "el espacio de conversación socio jurídico tiene como propósito la construcción de paz urbana, el desescalamiento de violencias y el tránsito de integrantes de estructuras criminales al Estado de derecho".

Este episodio llega en un momento delicado, justo cuando se anunciaban avances hacia un acuerdo condicionado de paz urbana en Medellín y la región. La parranda dentro de la cárcel sacó a flote preocupaciones sobre cómo se están garantizando las condiciones básicas para que estos procesos funcionen. Mientras se investiga lo sucedido y se determinan responsabilidades, las conversaciones permanecerán en pausa.