Gobierno comienza a cerrar el Ministerio de Igualdad tras fallo de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad por irregularidades en su trámite legislativo. El Gobierno expidió un decreto para liquidar ordenadamente la entidad en un año. Las funciones del ministerio serán trasladadas al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para mantener la continuidad de los programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
El Ejecutivo activó la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad mediante el Decreto 0626 de 2026, una medida que se produce después de que la Corte Constitucional tumbara la ley que le dio vida a esta cartera. Los magistrados encontraron vicios en el proceso legislativo que la originó y declararon la norma inexequible, dejando al Gobierno en la obligación de desmantelar la institución.
A partir de ahora, el ministerio funcionará bajo la denominación temporal de "Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación" mientras se cierra ordenadamente. El Gobierno insistió en que esta decisión es administrativa y no implica abandonar las políticas públicas para comunidades vulnerables y poblaciones que requieren protección constitucional especial.
La cartera nació en 2023 con la misión de reducir las brechas sociales, económicas y políticas que históricamente han afectado a muchas comunidades colombianas. Su objetivo era promover la igualdad de oportunidades y la inclusión de sectores tradicionalmente marginados. Sin embargo, el fallo de los magistrados las cortó.
El decreto establece un plazo inicial de un año para completar la liquidación, aunque permite prorrogar si es necesario. Durante este período, la entidad solo podrá dedicarse a cierres administrativos: manejar bienes, cumplir obligaciones pendientes y organizar sus activos y pasivos. Un liquidador designado por el presidente supervisará todo el proceso, desde la administración de recursos hasta la presentación de informes periódicos.
La norma también prohibe nuevas contrataciones y ordena diseñar un plan para suprimir cargos respetando los derechos de los trabajadores protegidos legalmente. Varios de los fondos y competencias del ministerio serán transferidos a otras entidades estatales. El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social recibirán parte de las funciones para asegurar que los programas de atención a poblaciones vulnerables no se queden sin recursos ni continuidad.
Fuente original: Diario del Norte


