El Ministerio de Hacienda vivió un momento agridulce en su subasta de Títulos de Tesorería el pasado 13 de mayo. Aunque hubo un récord en la demanda, los números detrás de esa operación cuentan una historia que inquieta a los analistas del país. El Gobierno salió a buscar 3 billones de pesos, pero terminó colocando 6 billones con una demanda que superó los 12 billones. A simple vista parece un éxito, pero hay un detalle que genera alarma: los bonos se vendieron a una tasa promedio de 14,46%, la más alta que se veía desde los primeros meses del Gobierno Petro.

El problema real no está solo en que la deuda sea cara. Está en la brecha cada vez más grande entre lo que Colombia paga por endeudarse y lo que su economía es capaz de crecer. Mientras el Gobierno financia sus gastos al 14%, la economía del país crece en promedio al 1,7% anual en el periodo entre 2023 y 2025. Eso significa que cada peso de deuda que toma cuesta mucho más que lo que genera el crecimiento económico para pagarla. Es como si alguien pidiera un crédito al 14% anual para invertir en un negocio que solo le deja ganancias del 1,7%. Con esa matemática, la situación se deteriora año tras año.

La situación se vuelve más compleja cuando se mira el panorama de mediano plazo. El Ministerio de Hacienda proyecta que el servicio de la deuda, es decir, lo que el Gobierno tiene que desembolsar solo para pagar intereses y capital, alcanzará este año un pico cercano a los 130 billones de pesos. Son niveles que no se habían registrado en años anteriores. Para 2026, los analistas alertan que la deuda dejará de ser solo un problema financiero para convertirse en una restricción política y económica que frenará las decisiones del Gobierno.

El presidente Gustavo Petro ha señalado al Senado de la República como responsable de esta situación, argumentando que el Congreso negó dos veces los proyectos de financiamiento del presupuesto. Sin embargo, más allá de las responsabilidades políticas, lo cierto es que Colombia enfrenta un desafío fiscal que demanda soluciones estructurales. Los números de esta megasubasta son un espejo de un problema que requiere acciones contundentes para evitar que el servicio de la deuda termine consumiendo recursos que el país necesita para educación, salud e infraestructura.