El Gobierno Nacional se propuso una tarea que, según los expertos en derecho constitucional, es simplemente imposible de ejecutar. La Presidencia informó que llamaría a sesiones extraordinarias en el Congreso para intentar salvar dos proyectos de ley que se ahogaron en el trámite legislativo: el de Jurisdicción Agraria y el que buscaba revivir el Ministerio de la Igualdad. El problema es que ambas iniciativas murieron cuando debían estar vivas, y la ley no permite resucitarlas aunque se reúna nuevamente al legislativo.

El asunto es técnico pero fundamental. Para el proyecto de Jurisdicción Agraria, el tiempo se acabó hace rato. Esta iniciativa ya había pasado por dos legislaturas completas, que es el máximo permitido para que un proyecto ordinario complete sus cuatro debates obligatorios. Al no lograrlo antes del 20 de junio, fecha en que cierra formalmente la legislatura, el proyecto quedó definitivamente enterrado. En cuanto al Ministerio de la Igualdad, el problema fue diferente pero igual de grave: no logró ni siquiera pasar su primer debate antes de que terminara la primera legislatura. Sin ese mínimo avance, la iniciativa se archiva automáticamente y no puede continuar en periodos posteriores.

La senadora Paloma Valencia no dejó lugar a dudas sobre lo que está sucediendo. Señaló que "el Gobierno NO PUEDE convocar a sesiones extras después del 20 de junio", para tratar estos temas. Citando un fallo de la Corte Constitucional (la Sentencia C-133/22 que tumbó el Código Electoral), explicó que "la legislatura finaliza el 20 de junio. Después de la segunda legislatura ningún proyecto puede ser discutido, ni siquiera en extras. La Jurisdicción agraria ya estaba en su segunda legislatura. Y si un proyecto no fue aprobado en primer debate durante la primera legislatura (hasta el 20 de junio) se archiva automáticamente. MinIgualdad no fue aprobado en primer debate durante la primera legislatura".

Para Valencia, lo que intenta el Ejecutivo es tajante: viola la ley. "Lo quiere hacer el Gobierno Nacional es ilegal y viola la Constitución, la ley y la jurisprudencia", manifestó la legisladora. En el Congreso están pendientes del decreto que debe expedir la Presidencia para convocar esas sesiones extras. Sin embargo, fuentes internas advierten que si el Gobierno incluye estos dos proyectos en la convocatoria, esa misma convocatoria podría ser impugnada y desconocida por los tribunales.