El Gobierno nacional solicitó suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias 'Chiquito Malo', en el marco de los diálogos que adelanta con esta organización criminal. La resolución, expedida en abril de 2026, busca facilitar que estos hombres se trasladen hacia zonas de ubicación temporal establecidas en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó).

El listado de beneficiados incluye otros nombres como Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo. La suspensión cubre tanto órdenes de captura ordinarias como aquellas expedidas con fines de extradición. Cabe aclarar que esta medida no significa libertad plena ni cierre de procesos judiciales. De acuerdo con la Ley 2272 de 2022, en estas zonas temporales solo se suspende la ejecución de órdenes durante el desplazamiento y permanencia de los implicados, pero el Estado de Derecho debe seguir funcionando normalmente.

El traslado gradual y progresivo está programado para comenzar el 25 de junio de 2026. Sin embargo, este nuevo intento llega después de un fracaso anterior. En marzo pasado, el Gobierno había revocado una resolución similar que suspendía órdenes contra 'Chiquito Malo' y otros miembros del grupo, precisamente porque el desplazamiento hacia las zonas temporales no se materializó en el plazo fijado para el 1 de marzo.

La iniciativa enfrenta cuestionamientos desde la institucionalidad. En febrero, la fiscal general Luz Adriana Camargo advirtió que la Fiscalía continuaría ejerciendo acción penal contra los cabecillas del Clan del Golfo, incluso si se implementaban las zonas de ubicación temporal. Las preocupaciones también crecen considerando el fortalecimiento de la organización: según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, el grupo pasó de 4.099 integrantes en 2022 a 9.840 en 2025, con presencia en 296 municipios distribuidos en 17 departamentos.

Ahora el desafío central será la coordinación práctica entre el Gobierno, las autoridades judiciales y la fuerza pública para que el cronograma se cumpla esta vez. Los próximos días determinarán si el proceso avanza o si nuevamente queda estancado en promesas incumplidas.