En una reunión celebrada en las instalaciones de la Procuraduría, el Gobierno presentó este miércoles los detalles del Plan Democracia, el mecanismo que busca garantizar la seguridad y transparencia de las elecciones legislativas programadas para el próximo 8 de marzo. La cumbre reunió a los principales funcionarios encargados de resguardar la jornada electoral en medio de alertas de vulnerabilidad reportadas en 208 municipios del país. Durante el encuentro se tomaron decisiones importantes como descartar definitivamente el traslado de puestos de votación, implementar incentivos económicos para frenar delitos contra el sufragio y defender la validez jurídica del material electoral, temas que han estado en el centro del debate político en las últimas semanas.

El registrador nacional Hernán Penagos se encargó de disipar dudas sobre la logística electoral, explicando que la infraestructura para la jornada democrática está completamente asegurada en todo el territorio nacional. "Los 13.493 puestos de votación y las 125.259 mesas de votación que se instalarán el próximo 8 de marzo están garantizadas", señaló Penagos. El funcionario fue enfático al aclarar que "no hay decisión alguna de trasladar una u otra por temas de seguridad", eliminando así una de las preocupaciones que había circulado entre observadores electorales. De manera directa, Penagos también se refirió a los cuestionamientos sobre posibles fraudes, afirmando que "el verdadero fraude electoral está por fuera de las tareas que realiza la Registraduría".

El Procurador Gregorio Eljach respaldó la metodología de la Registraduría y pidió unificar el lenguaje técnico para evitar desinformación. Señaló que existe una narrativa equivocada circulando sobre los documentos electorales, particularmente sobre el formulario E-14, documento fundamental en el proceso. "En todas partes uno escucha decir que el formulario E-14 no sirve, que eso no tiene valor jurídico, que lo que vale es el escrutinio, y no es cierto", explicó Eljach. Aclaró que dicho documento "es la prueba material física de lo que dijo el jurado, que es quien cuenta los votos".

Para evitar repetir errores del pasado, el ministro del Interior Armando Benedetti explicó que la Registraduría rediseñó las actas de preconteo después de las fallas que ocurrieron en elecciones anteriores, cuando un error de diseño entre las casillas del Partido de la U y el Pacto Histórico provocó la pérdida temporal de 400.000 votos. Benedetti destacó que ahora "cada partido va a tener un E-14 y ahí se van a computar", y añadió que el código fuente del software de preconteo ya está siendo verificado por más de dos mil auditores.

Ante las amenazas directas detectadas sobre el certamen electoral, el ministro de Defensa Pedro Sánchez informó que el Estado ha clasificado los territorios en riesgos bajos, medios y de alta tensión. Para fortalecer la prevención en los 208 municipios identificados como vulnerables, el Gobierno implementará una estrategia de inteligencia e investigación preventiva acompañada de incentivos económicos. "Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a quienes estén intentando o a quienes cometan delitos electorales", explicó Sánchez. El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, indicó que durante estos últimos 11 días de campaña mantendrán "un seguimiento constante para contar con información oportuna que permita una reacción efectiva y proteger la transparencia del proceso electoral".

Benedetti enfatizó que el Gobierno no participa como competidor en estas elecciones. "Queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones, sino que, por el contrario, ha querido dar buena parte de las garantías de la seguridad electoral", sentenció el ministro. Detalló que la estrategia de protección comenzó siete meses antes de los comicios a través del comité de seguimiento electoral, lo que permitió brindar seguridad a 64 candidatos presidenciales, más de 370 aspirantes al Congreso y más de 60 candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Esto se materializó en la entrega de cerca de 500 carros blindados y el despliegue de 50.000 efectivos entre Policía, Ejército y Armada Nacional para cubrir 3.700 eventos políticos.

Finalmente, el Procurador Eljach reconoció que las alertas reportadas por la Defensoría, las Fuerzas Militares y la Policía son válidas desde sus distintas responsabilidades, pero planteó la necesidad de unificar las metodologías para entregar información consolidada. Benedetti complementó esta idea explicando que la Policía estructuró el riesgo en los 208 municipios, equivalentes al 13% de la población del país, con base en 39 variables específicas, por lo que es necesario determinar con precisión si las alteraciones de orden público ocurren en veredas, carreteras o cascos urbanos para afinar la respuesta del Estado.