La seguridad de las campañas presidenciales de 2026 volvió a ocupar un lugar urgente en la agenda del Gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de las alarmas por amenazas contra aspirantes y equipos políticos asegurando que mantiene comunicación directa con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para investigar denuncias y garantizar protección. El anuncio llegó después de que el movimiento Defensores de la Patria, liderado por Abelardo de la Espriella, denunciara amenazas contra su campaña.

Lo que empezó como una alerta puntual se ha convertido en un problema que toca a todo el proceso electoral. No se trata solo de un candidato en riesgo, sino de un panorama nacional donde aspirantes, equipos regionales, testigos electorales, votantes y organizaciones políticas enfrentan intimidaciones. El asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña de De la Espriella en el Meta, mostró la gravedad de la situación. Ambos fueron atacados mientras se movilizaban en actividades relacionadas con la campaña en esa región.

Las alarmas no vienen solo de los candidatos. El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, envió una carta al ministro Benedetti advirtiendo que el deterioro del orden público podría afectar tanto a candidatos como a votantes en diferentes zonas del país. La Misión de Observación Electoral, por su parte, identificó 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral por coincidencia de fraude y violencia. De esos, 81 fueron clasificados en riesgo extremo, concentrados en regiones como Arauca, el Nordeste Antioqueño, el sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, el Suroriente colombiano y el medio y bajo Putumayo.

Para las autoridades electorales, el tiempo apremia. El Consejo Nacional Electoral ha insistido en fortalecer los Comités de Garantías Electorales, espacios donde partidos y campañas pueden reportar riesgos y solicitar medidas de protección. La falta de respuesta oportuna puede erosionar la confianza en el proceso electoral y limitar el ejercicio de los derechos políticos de muchos colombianos.

Benedetti afirmó que las autoridades avanzan en las investigaciones y que la protección a candidatos se gestiona bajo el mismo criterio para todos. Sin embargo, la prueba real llegará en los próximos días. La coordinación entre Interior, Defensa, Policía y Fuerzas Militares deberá traducirse en garantías concretas sobre el terreno antes de que se desarrolle la jornada presidencial.