El Ejecutivo no aceptará el fallo de un juzgado en el Valle del Guamuez que ordenó detener la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo. La delegación gubernamental anunció que presentará una impugnación inmediata contra la sentencia, que fue motivada por una acción de tutela del resguardo indígena Telar Luz del Amanecer.

El magistrado determinó que el Gobierno vulneró el derecho fundamental a la consulta previa al no incluir a las comunidades indígenas en los procedimientos legales exigidos para intervenciones estatales en territorios ancestrales. Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen haber realizado reuniones de socialización hace un mes, aunque no aclararon si el resguardo que presentó la tutela fue incluido en esos encuentros.

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, calificó la orden judicial como de "imposible ejecución". Según él, los 99 integrantes de la disidencia ya han iniciado su llegada escalonada a puntos de preconcentración, muchos transportados en helicópteros civiles por recomendaciones de seguridad de las Fuerzas Militares. "Sería completamente incomprensible que, en virtud de una orden judicial, tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que sigan ejerciendo la violencia", afirmó el negociador.

El proceso cuenta con respaldo legal a través del Decreto 0603 de junio pasado, que suspendió operaciones ofensivas contra el grupo para facilitar su ingreso desarmado. Si se consolida, los 99 integrantes deberán entregar armas para ser custodiadas y destruidas, además de recibir capacitación para reincorporarse a la vida civil con protección de la Unidad Nacional de Protección.

Pero la controversia en Putumayo es apenas una pieza de un rompecabezas más complejo. El Gobierno ha acordado siete zonas temporales con cuatro organizaciones armadas distintas: tres para el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó, una para el Frente 33 en Norte de Santander, otra para los Comuneros del Sur en Nariño, y las dos en Putumayo y Nariño para la CNEB.

Expertos como Paula Tobón, de la Fundación Ideas para la Paz, advierten que estas zonas "corren el riesgo de convertirse en hitos vacíos". En conversación con El Colombiano, Tobón señaló que según la Ley 2272, estas áreas solo deberían implementarse cuando la negociación está en estado avanzado. "Es difícil afirmar que la negociación con el Clan del Golfo esté realmente avanzada cuando las partes todavía no han acordado asuntos fundamentales", planteó.

La investigadora también cuestiona la ausencia de una Ley de Sometimiento que ofrezca garantías jurídicas sobre el futuro de líderes como alias Chiquito Malo. Sin certezas legales sobre cómo será su tránsito a la vida civil, resulta difícil que se concentren voluntariamente. Por su lado, Gerson Arias, también de la FIP, calificó como "lógica irresponsable" que el Gobierno avance en estas zonas para mostrar resultados políticos parciales, trasladando la gestión al próximo gobierno que llegue en 2026.

Hay un aspecto geográfico que preocupa aún más. Las zonas están ubicadas en sitios clave para el narcotráfico y minería de oro. Tierralta, Belén de Bajirá y Unguía son corredores estratégicos para tráfico de migrantes, armas y cocaína hacia Centroamérica. A esto se suma un polémico blindaje contra la extradición que, en la práctica, convierte estos espacios en santuarios para los criminales más peligrosos del país.