El Gobierno no se quedará de brazos cruzados ante el fallo judicial que frena sus planes en Putumayo. La delegación negociadora anunció que impugnará inmediatamente la orden de un juez del Valle del Guamuez que suspendió la Zona de Ubicación Temporal para una disidencia del ELN. El jefe negociador, Armando Novoa, fue directo: calificó la medida como de "imposible ejecución" porque el traslado de los 99 integrantes del grupo ya está muy avanzado.

Todo comenzó cuando el resguardo indígena "Telar Luz del Amanecer" presentó una tutela alegando que el Gobierno vulneró el derecho fundamental a la consulta previa. El juzgado le dio la razón, determinando que se omitieron los procedimientos legales necesarios para intervenciones estatales en territorios ancestrales. El Ejecutivo sostiene que realizó reuniones de socialización hace un mes, pero no quedó claro si incluyeron específicamente a este resguardo.

Para Novoa, devolver a estos hombres a sus zonas de origen por una orden judicial sería absurdo. "Sería completamente incomprensible que, en virtud de una orden judicial, tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que sigan ejerciendo la violencia", afirmó. Los combatientes ya están llegando escalonadamente a puntos de preconcentración, muchos trasportados en helicópteros civiles por razones de seguridad. El Gobierno respalda el proceso en el Decreto 0603 que suspendió operaciones militares contra la estructura para facilitar su ingreso sin armas.

Si todo sale según lo planeado, los 99 integrantes deberán entregar sus armas para destrucción, recibir capacitación en reincorporación civil a través de la ARN y el CESA, y acceder a protección de la Unidad Nacional de Protección. La zona abarca seis hectáreas arrendadas hasta diciembre de 2026.

Pero este pulso judicial es apenas la punta del iceberg. Expertos de la Fundación Ideas para la Paz advirtieron que estas zonas corren el riesgo de convertirse en "hitos vacíos" que generan la ilusión de avance sin resultados reales. Paula Tobón, investigadora de esa fundación, señaló que la Ley 2272 establece que estas zonas solo deberían crearse cuando las negociaciones están avanzadas. El problema es que faltan consensos fundamentales, especialmente una Ley de Sometimiento que garantice el futuro jurídico de los desmovilizados.

Sin esa certeza legal, ¿por qué un capo como "Chiquito Malo" se concentraría y quedaría vulnerable? Gerson Arias, también de la FIP, fue más crudo: calificó como "lógica irresponsable" que el Gobierno impulse estas zonas solo para exhibir resultados políticos parciales, dejando el lío para que lo resuelva el próximo gobierno en 2026. Además, las geografías son sospechosas: están ubicadas en corredores clave del narcotráfico y minería ilegal, lo que genera desconfianza sobre si se convertirán en santuarios para los criminales más peligrosos del país.