Tras la tragedia del avión Hércules que se desplomó en la selva de Puerto Leguízamo hace unos meses, el Gobierno Nacional anunció un paquete de asistencia económica y social para las familias de los 69 uniformados que perdieron la vida. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó personalmente estos beneficios en una reunión virtual con representantes de los deudos, detallando punto por punto las ayudas a las que tendrán derecho.

El primer componente del plan consiste en el pago del seguro de vida subsidiado. Según informó la cartera de Defensa, "a cada familia (de acuerdo al registro que haya hecho el uniformado en el formulario) le serán consignados cerca de 165 millones de pesos correspondientes al pago del seguro de vida subsidiado que tenían". A esto se suma la Pensión de Supervivencia para los dependientes que cada militar haya registrado en sus documentos.

La vivienda es otro aspecto importante del paquete. A través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, los familiares pueden acceder a soluciones habitacionales mediante el modelo del Fondo de Solidaridad. El ministerio aclaró que "siete de los 69 uniformados ya habían hecho uso del beneficio de la solución de vivienda a través de los diferentes modelos vigentes".

En cuanto a educación, la Corporación Matamoros se vinculará con su programa Hijos de Honor para otorgar subsidios a los hijos de los fallecidos que deseen cursar pregrados en educación superior. Además, está contemplada una serie de reconocimientos y homenajes póstumos en memoria de quienes perdieron la vida.

Sánchez fue claro en señalar que "Ustedes no están solas —dijo a las madres y viudas—. Tienen el acompañamiento de toda una patria y sus instituciones, para que de alguna manera se alivie el dolor frente a la irreparable ausencia". Sin embargo, también fue tajante en advertir que las familias deben adelantar ellas mismas las solicitudes y entregar personalmente los documentos necesarios, evitando tramitadores que podrían defraudarlas. "He conocido que algunas personas han llegado a decirles que firmen algún papel, lo que podría afectarles la vivienda que les da el Gobierno", aseveró el funcionario.

El accidente del 23 de marzo dejó 69 muertos (dos policías, seis tripulantes de la FAC y 61 soldados) y 57 heridos. La aeronave, con 43 años de antigüedad, se desplomó a apenas un kilómetro después de despegar. Hasta el momento, las causas exactas del siniestro no han sido esclarecidas por los técnicos que investigan, aunque se manejan varias hipótesis que incluyen fallas mecánicas, sobrepeso y problemas con la pista de despegue.