El ministro designado de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, fue presentando los primeros pasos de su gestión en el gobierno de Abelardo de la Espriella. En una entrevista con La FM, el funcionario no solo habló de las cárceles, sino también de cómo su cartera abarcará distintas entidades, desde la Superintendencia de Notariado hasta la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

En cuanto al sistema penitenciario, Cancino confirmó lo que ya se rumoraba: existe la instrucción presidencial de construir 10 cárceles con celeridad y bajo costo. El ministro explicó que aunque no puede revelar la ubicación de estas megacárceles por razones de seguridad nacional, sí anticipó que buscarán financiarse a través de alianzas público-privadas para que el Estado no tenga que asumir la carga fiscal completa. El objetivo es claro: reducir el hacinamiento carcelario que ha sido un problema estructural en las prisiones colombianas.

Una de las prioridades será ejercer control estricto sobre los contratos de alimentación, salud e infraestructura penitenciaria. Cancino también aseguró que estas nuevas cárceles incluirán programas de resocialización, aunque con condiciones estrictas para quienes reincidan en delitos. Es decir, no será un simple cambio de infraestructura, sino un modelo más integral, aunque con la mano firme que plantea el nuevo gobierno.

El cambio más notable será en la política criminal. Consultado sobre el futuro de la "Paz Total", Cancino fue claro: ese modelo no continuará. En su lugar vendrá una "política de sometimiento a la justicia" donde, según sus palabras, "habrá diálogo, pero sin impunidad ni grandes beneficios". El marco jurídico para esto ya se está preparando y será presentado al Congreso desde la primera semana de gobierno, aunque por ahora mantiene en reserva los detalles sobre posibles penas alternativas.

En materia de drogas, Cancino señaló que está en construcción un nuevo marco jurídico para modificar la política antidrogas del país, especialmente considerando que existen 264.000 cultivos ilícitos reportados. Este trabajo se adelanta con especialistas y en coordinación con otras carteras del nuevo gobierno.

El ministro, quien es abogado penalista con experiencia como decano, profesor y conjuez, reconoce que el reto es grande: atender la delincuencia callejera y la reincidencia en un contexto donde los ciudadanos perciben ineficiencia estatal. Según fue mencionado en la entrevista, hay problemas como la falta de cupos en las URIs (unidades de reacción inmediata) y la salida frecuente de delincuentes de los centros de reclusión.