Una contradicción de 24 horas entre funcionarios del gobierno sacudió la campaña presidencial colombiana esta semana. Todo comenzó el domingo cuando integrantes del gabinete ministerial y la Policía contactaron a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, para advertirle sobre un plan criminal para eliminarla. Según lo que le explicaron, una disidencia del frente 42 de las Farc, específicamente un sujeto apodado "Buche de Tula", estaría coordinando el ataque. La alerta llegaba en medio de una escalada terrorista brutal en el suroccidente colombiano, con bombas y hostigamientos a instalaciones militares y policiales que ya sumaban 32 atentados documentados y 21 civiles muertos.

Pero al día siguiente la versión oficial cambió drásticamente. El ministro de Defensa Pedro Sánchez descartó todo por Twitter, afirmando que "Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia, atribuida a lo que fue la estructura 42 de las extintas Farc o a un sujeto conocido con el alias de 'Buche de Tula', con antecedentes en delincuencia común. Esta conclusión ya fue comunicada al equipo de campaña y a la candidata Paloma Valencia". El presidente Gustavo Petro fue más allá, sugiriendo que Valencia había tergiversado lo que le dijeron, explicando que "El atentado no era cierto, es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda acusa al otro, el acreedor, del atentado sin que sea real. Esto se le dijo a la candidata, pero apareció con otra versión en sus redes".

Valencia no se quedó callada. Este martes viajó a su Cauca natal y respondió con dureza: "Fue su gobierno, a través de su ministro del Interior, su ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional, los que nos informaron del atentado. Y ayer en la mañana estaba su ministro de Defensa dándole información a los medios de comunicación, razón por la cual yo tuve que hacer pública parte de la información que me dieron, porque me dieron más de la que revelé, entre otras, otro atentado que se está planeando contra mí en el sur del país". Agregó algo que resume el clima de inseguridad que vive: "No sé quién estaría detrás, y ahora con el silencio que impone el Gobierno, no lo sabremos".

Este enfrentamiento se suma a una campaña presidencial marcada por amenazas constantes y violencia. El 7 de junio de 2025 fue asesinado el senador Miguel Uribe Turbay, quien era precandidato del Centro Democrático. Valencia ganó la elección interna del partido para reemplazarlo y se convirtió en una de las congresistas más amenazadas del país. El expresidente Álvaro Uribe ya había alertado el 17 de abril sobre un supuesto intento de magnicidio orquestado por cabecillas del ELN.

Las amenazas no son exclusivas de Valencia. Candidatos como Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella también han reportado casos similares, tanto que el gobierno de Estados Unidos intervino públicamente. Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó hace dos semanas que "Tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe. Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía, que puso a más personas en eso. Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo".

La Defensoría del Pueblo ha documentado 35 amenazas contra aspirantes presidenciales e insistió en que las campañas deben desescalar las descalificaciones. Valencia aprovechó para denunciar lo que considera una estigmatización injusta: "La violencia viene de las disidencias de las Farc y el ELN (protegidos por la Paz total de Cepeda y Petro). Convenientemente ahora los clasifican de extrema derecha. Es muy irresponsable que un gobierno y su séquito hablen de la oposición como extrema derecha y al mismo tiempo atribuya la violencia a la extrema derecha. Tratan de evadir su responsabilidad o están señalándonos para justificar violencia en contra nuestra".