Las vías de Santander permanecen bloqueadas por protestas contra el aumento en los avalúos catastrales y su impacto en el impuesto predial, pero el Gobierno Nacional decidió ponerse firme. El viceministro de diálogo e integración social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, fue directo: calificó las manifestaciones como algo que "para nosotros en este momento no tiene sentido, dado que hay los canales de comunicación abiertos". La advertencia fue clara: el Ejecutivo está decidido a acompañar a la gobernación y municipalidad para restablecer el orden en las carreteras.

Rondón enfatizó que las acciones del Gobierno se mantendrán dentro del marco constitucional, pero con un objetivo preciso: proteger los derechos de quienes no participan en las protestas. "Tenemos que proteger el derecho a quien se moviliza pacíficamente (…) y también de las personas que no se movilizan", expresó el funcionario. Se trata de una postura que busca equilibrar el derecho a la manifestación con el de los ciudadanos que dependen de las vías para sus labores cotidianas.

Mientras tanto, desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) también querían dejar su posición clara. El director Gustavo Adolfo Marulanda desligó al Gobierno Nacional de responsabilidad en los aumentos desproporcionados del predial. Según su explicación, esos incrementos del 200, 300, 400 o hasta 500 por ciento que reportan los santandereanos son culpa directa de las administraciones municipales, no de políticas nacionales.

Marulanda insistió en que son las alcaldías, a través de sus estatutos tributarios, las responsables de definir tarifas, descuentos y esquemas de gradualidad. Los ciudadanos afectados, agregó, deben recurrir directamente a la administración tributaria local "para pedir explicaciones de por qué no está aplicando la ley (…) que lo protege para no pagar más allá de ciertos topes". El IGAC también recordó que la normatividad vigente establece límites para evitar incrementos excesivos y permite a los municipios adoptar medidas adicionales para garantizar la progresividad del cobro, especialmente con pequeños propietarios rurales.