Gobierno advierte que anular contrato de pasaportes con Portugal podría costar $1,3 billones

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no bloquee el convenio con Portugal para producir los nuevos pasaportes. El gobierno advierte que cancelar el acuerdo podría desencadenar un litigio internacional que le cobre al país hasta 1,3 billones de pesos. El abogado Nicolás Dupont busca tumbar el contrato argumentando que excluyó al sector privado.
El gobierno salió al frente de la demanda que busca cancelar el contrato con Portugal para la expedición de los nuevos pasaportes. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado radicó un documento el lunes ante el magistrado Moisés Mazabel Pinzón, pidiendo que no se decreten medidas cautelares que frenen el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal.
La advertencia es seria: si el tribunal accede a bloquear el contrato, Colombia podría enfrentarse a un arbitraje internacional que le cobraría hasta 1,3 billones de pesos. Yebaril Andrés Haddad, encargado del área de defensa jurídica internacional, explicó que detener la implementación del nuevo modelo de pasaportes generaría un incumplimiento de obligaciones logísticas, financieras y operativas que el Estado ya asumió con la empresa portuguesa.
El proceso judicial fue iniciado por el abogado Nicolás Dupont, quien cuestiona que el proyecto excluyó al sector privado. Dupont argumenta que todo se hizo mediante un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, sin abrir la puerta a empresas privadas.
Según la Agencia de Defensa Jurídica, un bloqueo al contrato tendría consecuencias inmediatas. Impediría que la Imprenta Nacional participara en entrenamientos con la contraparte extranjera, recibiera equipos necesarios para personalizar los documentos, y realizara las adecuaciones de infraestructura física para el laboratorio de control de calidad. Los costos que Colombia ya ha asumido en este proyecto alcanzan los 255 millones de euros.
El mayor riesgo, según la entidad, es que Colombia terminaría en un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Allí, la Casa de la Moneda podría reclamar por "incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas" y demandar compensaciones millonarias. El gobierno también advierte que se configuraría un incumplimiento de obligaciones económicas, dejando a la Imprenta Nacional imposibilitada para ejecutar recursos presupuestales y realizar los desembolsos pactados con Portugal.
Fuente original: El Colombiano - Colombia
