Gobierno activa eutanasia para más de 80 hipopótamos en Colombia por crecimiento descontrolado
El Ministerio de Ambiente confirmó protocolos de eutanasia para controlar la población de hipopótamos que descienden de cuatro ejemplares introducidos ilegalmente por Pablo Escobar hace tres décadas. La medida, que podría costar alrededor de 7.000 millones de pesos, busca evitar que la población alcance 500 individuos hacia 2030 y proteger especies nativas y comunidades. La decisión ha generado críticas en distintos sectores, mientras que la opción de trasladar los animales a otros países no ha prosperado.
Colombia enfrenta un dilema ambiental que trae cola desde hace más de treinta años. El Ministerio de Ambiente confirmó que activará protocolos de eutanasia para más de 80 hipopótamos que viven en el país, una medida que responde al crecimiento descontrolado de una población que se originó de manera ilegal hace décadas en la Hacienda Nápoles.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó la situación con claridad: "estos animales descienden de cuatro ejemplares introducidos ilegalmente por Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles hace más de tres décadas, lo que ha derivado en problemas de endogamia y afectaciones genéticas visibles". Según la funcionaria, si el Gobierno no interviene ahora, la población podría dispararse a 500 individuos antes de 2030, lo que agudizaría los problemas.
Los riesgos son reales y variados. Estos hipopótamos representan una amenaza directa para especies nativas como el manatí y la tortuga, deterioran la calidad del agua y ponen en riesgo a las comunidades que viven en el Magdalena Medio, donde se han expandido considerablemente.
El Plan de Prevención, Control y Manejo contemplaba dos opciones: eutanasia o traslocación. Sin embargo, la segunda alternativa se cerró prácticamente cuando ningún país aceptó recibir ejemplares, a pesar de las gestiones diplomáticas del Gobierno. Por eso la eutanasia se convirtió en la opción principal.
El procedimiento es costoso y detallado. Cada animal implica una inversión de cerca de 150 millones de pesos que incluye sedación, manejo técnico y disposición final mediante enterramiento bajo criterios sanitarios. En total, el Gobierno destinó aproximadamente 7.000 millones de pesos para esta intervención.
Las autoridades insisten en que la decisión busca proteger los ecosistemas y frenar los efectos de una especie que continúa expandiéndose sin control, garantizando que todo se haga bajo estándares éticos y técnicos. Pero la medida ya ha generado una ola de críticas en distintos sectores, lo que refleja la complejidad de tomar decisiones sobre especies invasoras en territorio colombiano.
Fuente original: Diario del Norte