A tres meses de que termine su gobierno y en plena carrera electoral, el presidente Gustavo Petro dio una orden que encendió las alarmas en varios sectores: acelerar la puesta en marcha de las Zonas de Ubicación Temporal, espacios donde concentrar a combatientes de grupos armados ilegales. El problema, según analistas, es que el país no tiene el marco legal claro para que estos delincuentes se desmovilicen de verdad. La orden surgió de una reunión el 13 de mayo en Bogotá con el comisionado de Paz Otty Patiño y los coordinadores de las mesas de negociación. En ese encuentro, Petro instruyó "avanzar de manera rápida con el traslado de los integrantes de los grupos armados ilegales a cinco ZUT (de siete pactadas hasta ahora), definidas en el marco de los procesos de paz en territorios priorizados".

La primera zona concentrará a 100 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Valle del Guamuez, Putumayo. Según Armando Novoa, negociador del gobierno con ese grupo, "vamos a tener unas adecuaciones muy similares a las zonas temporales que se crearon en el Acuerdo de Paz de 2016". Se refiere a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que construyó el gobierno Santos para desmovilizar a las antiguas Farc. En aquella ocasión se crearon caseríos con viviendas, servicios básicos y espacios para talleres. Con el tiempo, algunos evolucionaron hasta convertirse en vecindarios permanentes. El Clan del Golfo será probablemente la segunda organización en ingresar a estas zonas. Su asesor jurídico, Ricardo Giraldo, describió esto como "un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes". Cerca de 500 miembros del Clan se desplazarían a zonas en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó), aunque la organización cuenta con aproximadamente 10.000 combatientes.

Sin embargo, el proyecto genera recelos profundos. La Fiscalía rechazó dos veces la solicitud de la Presidencia de suspender 29 órdenes de captura contra integrantes del Clan, argumentando que no hay información suficiente y que 13 de ellos son requeridos por tribunales estadounidenses. La Corte Suprema de Justicia respaldó esa decisión. El fantasma de El Caguán ronda los análisis. Entre 1998 y 2002, el presidente Andrés Pastrana despejó un área de 42.000 kilómetros cuadrados para concentrar guerrilleros de las Farc, pero aquello se convirtió en una base de operaciones para planear crímenes y extender negocios ilícitos. El gobierno actual asegura que evitará esos errores: sin despeje militar, sin armas, sin uniforme camuflado. Aun así, la urgencia de implementar esto justamente cuando termina el mandato y está en curso la campaña electoral despierta suspicacias.

Académicos y expertos en seguridad lanzan cuestionamientos duros. Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, sostiene que la Ley de Paz Total de 2022 le permite al presidente dialogar con grupos ilegales, pero "no define los protocolos para una desmovilización". Además, critica que "el manejo que este gobierno le ha dado a la paz es tan despelotado, que no está claro qué papel juegan las ZUT". Para Vargas, estas zonas deberían ser el final de procesos que ya hayan mostrado resultados concretos, mas su montaje ahora "solo busca el efecto mediático de mostrar supuestos avances de paz, y presionar al próximo gobierno". Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad Eafit, va más lejos: "La segunda vuelta de 2022 se vio afectada por la injerencia en los resultados electorales en las zonas de control de los grupos narcoterroristas, y no hay ningún factor que haga dudar que, por la conveniencia que continuarían recibiendo, no influencien los resultados electorales en 2026, a favor de quien tantos beneficios les ha ofrecido, voluntaria o involuntariamente". Por su parte, Juan Carlos Ruiz, profesor de la Universidad del Rosario, cuestiona el timing de instalar estos caseríos justo en época electoral, cuando la Fuerza Pública debería estar concentrada en garantizar que las votaciones transcurran sin interferencias de grupos criminales.