El Gobierno acaba de darle un vuelco importante a la reforma pensional. Con la expedición del Decreto 0415 de 2026, ha ordenado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que realicen un traslado masivo de recursos hacia Colpensiones, el sistema público. La cifra es de vértigo: $25 billones que se moverán en el mercado financiero nacional de un lado a otro en cuestión de semanas.

Para los que están pendientes de cuándo llegan sus platas, la espera será corta. Las AFP tendrán que trasladar el 50% de los fondos en los primeros 20 días después de que entre en vigencia el decreto, y el otro 50% en los 10 días que siguen. Pero hay un plazo aún más ajustado para quienes ya están recibiendo su mesada mensual: apenas 15 días. En total, las administradoras privadas tendrán un máximo de 30 días para completar toda la operación con los ahorros y rendimientos incluidos.

¿Por qué tanta prisa? El Ministerio de Hacienda explica que existe un "descalce financiero" crítico que está generando un hueco fiscal complicado. Resulta que Colpensiones ya está pagando pensiones a personas cuyos ahorros siguen guardados en los fondos privados. Esa contradicción está pasando factura: pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de Prima Media, que es el sistema público de pensiones.

Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta orden llega en un momento de tensión legal. La Ley 2381 de 2024, que permitió estos traslados masivos, está siendo revisada por la Corte Constitucional. Sin embargo, el Gobierno se mantiene firme, argumentando que el artículo que faculta estas transferencias sigue vigente y, por lo tanto, puede exigir que se ejecuten. Es decir, mientras la Corte decide si la reforma es constitucionalmente válida o no, las AFP ya están obligadas a mover el dinero.