Gobierno acelera concentración de combatientes del Clan del Golfo y disidentes en zonas temporales

El Gobierno avanza en la instalación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para concentrar combatientes del Clan del Golfo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El Clan desplegaría 500 de sus integrantes en Córdoba y Chocó a partir del 25 de junio, mientras la disidencia de la Segunda Marquetalia iniciaría con 100 combatientes en Putumayo a finales de mayo. El proceso genera polémica por su timing electoral y enfrentamientos entre la Presidencia y la Fiscalía sobre órdenes de captura.
El montaje de las Zonas de Ubicación Temporal avanza sin pausas. El Gobierno Nacional continúa preparando estos espacios para concentrar a combatientes de dos de los grupos armados ilegales más complejos del país: el Clan del Golfo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Aunque el proceso ha levantado suspicacias por su desarrollo durante la campaña electoral, las autoridades insisten en que es un paso necesario hacia la paz.
Ricardo Giraldo, asesor jurídico del Clan del Golfo, salió a defender públicamente el proceso en una intervención en Blu Radio. Según él, la concentración funciona como "un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes y para las comunidades donde ellos tienen presencia (...). Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente". Giraldo precisó que serían 500 miembros del Clan los que se desplazarían hacia dos zonas acordadas: Tierralta en Córdoba y Nuevo Belén de Bajirá en Chocó. Esta cifra supera en 100 combatientes la que el Gobierno había anunciado inicialmente.
El Clan cuenta con aproximadamente 10.000 combatientes en 23 departamentos, así que los primeros 500 representan una prueba piloto de lo que podría venir. Uno de los temas más calientes ha sido el de las órdenes de captura. La Presidencia solicitó a la Fiscalía suspender 29 capturas contra miembros del Clan, pero la entidad acusadora se negó, argumentando falta de información detallada sobre cada individuo y compromisos internacionales, ya que 13 de estos requeridos son buscados por Estados Unidos. La Corte Suprema respaldó la posición fiscal. Giraldo cuestionó esto: "La fiscal no tiene competencia para decir de cuáles se abstiene y de cuáles no". Él argumentó que la Ley de Paz Total de 2022 ampara estos procesos y que la decisión recae en el presidente.
En paralelo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano también está siendo concentrada. Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación, informó que a finales de mayo comenzará la llegada de los primeros 100 combatientes a Valle del Guamuez en Putumayo. "Las obras para permitir el ingreso de los 100 primeros miembros del grupo se están adelantando. Vamos a tener unas adecuaciones muy similares a las zonas temporales que se crearon en el Acuerdo de Paz de 2016", afirmó. Estas zonas contarán con viviendas básicas, baños, cocinas y espacios comunitarios. Los combatientes ingresan en ropa civil y sus armas serán entregadas a organismos de verificación como la MAPP-OEA. Se estima que este grupo tiene alrededor de 1.800 integrantes divididos en dos facciones.
El cronograma marca el 25 de junio para la concentración en Córdoba y Chocó, es decir justo después de la segunda vuelta electoral. Esto ha alimentado críticas de la oposición, que ve en la aceleración del proceso un intento por ganarse el favor de grupos armados en beneficio electoral. El presidente Gustavo Petro ha rechazado estas acusaciones, diciendo que solo busca consolidar avances de paz que ya existen.
Las zonas temporales tendrán una vigencia de 10 meses prorrogables, dependiendo de cómo evalúe el próximo gobierno los resultados de este experimento de concentración y tránsito hacia la legalidad.
Fuente original: El Colombiano - Colombia

