El Gobierno expidió el Decreto 0226 del 5 de marzo de 2026 para cambiar cómo se nombra a los superintendentes que vigilan las finanzas, los negocios y las empresas en Colombia. Estos son cargos muy importantes porque controlan aspectos vitales de la economía nacional, así que el cambio no es menor.

Hasta ahora existían requisitos específicos y bastante definidos para llegar a estas posiciones. La nueva norma flexibiliza eso. En lugar de exigencias particulares para cada superintendencia, los candidatos deben cumplir con el marco general que aplica a todos los cargos directivos del Estado. Esto significa que el rango de perfiles válidos se amplía considerablemente. Por ejemplo, alguien podría llegar a dirigir la Superintendencia Financiera con solo un título profesional más doce meses de experiencia, o con una maestría y varios años en el sector. El decreto contempla 28 combinaciones diferentes entre formación académica y experiencia profesional para estos puestos directivos.

La medida también introduce algo nuevo: el Presidente puede ahora hacer una convocatoria pública antes de designar a estos funcionarios. No es una obligación, sino una opción que abre las posiciones a quienes cumplan los requisitos y quieran postularse. Además, antes de tomar la decisión final, el Jefe de Estado "podrá solicitar la opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas sobre el buen crédito de los aspirantes".

Desde el punto de vista constitucional, el Gobierno argumenta que el Presidente tiene facultad para nombrar a estos directivos sin necesidad de concursos de méritos, tal como lo establece el artículo 189 de la Constitución Política. En ese sentido, la nueva norma simplemente alinea los requisitos específicos con esas facultades presidenciales y con los principios generales que deben guiar el empleo público en Colombia, entre ellos igualdad, mérito, moralidad, eficacia, transparencia y publicidad.

Para analistas económicos, este cambio ha generado preocupación porque, aunque en teoría mantiene estándares de calidad, en la práctica abre más espacios de discrecionalidad en la selección de personas que dirigirán entidades decisivas para la regulación financiera y comercial del país. El decreto entró en vigencia desde el día siguiente a su publicación.