La relación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales se tensiona cada vez más. Gobernadores y alcaldes salieron al paso de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien había advertido que los mandatarios locales que no tomen medidas sobre el impuesto predial podrían perder sus cargos. La respuesta fue contundente: desde las regiones advierten que no pueden ser destituidos por orden del presidente.

Desde la Federación Nacional de Departamentos emitieron un comunicado para defender la autonomía territorial. Según la entidad, "La Constitución Política de Colombia es clara al establecer la autonomía de las entidades territoriales y que los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por voto popular, lo anterior sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional". También señalaron que "cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes carece de sustento jurídico".

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y presidenta de la Federación, fue categórica en su respuesta al presidente: "Alcaldes y gobernadores, no somos subalternos del presidente". Luego invitó directamente al jefe de Estado: "Lo invito al diálogo y a actuar en observancia de la ley y mediante el uso de los canales adecuados". Su mensaje dejó clara la inconformidad con el tono utilizado desde la Casa de Nariño.

La Federación Colombiana de Municipios también salió al frente para rechazar que se culpe a los alcaldes por los aumentos en el predial. Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la entidad, fue directo: "Culpar a los alcaldes de los aumentos en el predial que hoy perciben los ciudadanos es irresponsable y demagógico". Explicó que los mandatarios actúan cumpliendo la Ley 2294 de 2023, que ordenó actualizar los catastros en 520 municipios.

El conflicto escaló en medio de un paro que lleva cinco días con bloqueos en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cesar y Risaralda. El punto de quiebre fue la actualización del avalúo catastral, que ha multiplicado el impuesto predial para miles de campesinos. Hay casos donde los incrementos pasaron de cifras de cientos de miles a valores de decenas de millones. El presidente Petro ha insistido en que la responsabilidad sobre las tarifas del predial es de alcaldes y concejos municipales, defendiendo que "el objetivo del gobierno es que los ricos paguen impuestos".

Mientras tanto, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi reconoció inconsistencias en algunos avalúos y señaló que ya realizó ajustes. También reiteró que los ciudadanos pueden solicitar revisiones de sus valoraciones. La pelota quedó en la cancha de alcaldes y gobernadores, quienes ahora deben decidir si ceden ante la presión presidencial o mantienen su postura de autonomía territorial.