En el municipio de Rionegro, Antioquia, los gobernadores del país se sentaron a la mesa para preparar lo que llamaron un "documento blanco": un manifiesto que condensa las demandas estructurales que las regiones llevarán al próximo presidente. El encuentro, convocado por la Federación Nacional de Departamentos, dejó clara una cosa: los territorios están cansados de depender de Bogotá para resolver sus problemas más urgentes.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, fue el principal portavoz de este clamor regional. Para él, el modelo actual está quebrado y ya no funciona. Con palabras directo al punto, expresó que "hay que quebrarle el espinazo al centralismo en Colombia. El centralismo en Colombia es el culpable de buena parte de los problemas que nos toca asumir a las regiones en los distintos rincones del país". Lo dijo en el contexto de una propuesta que busca transferir la administración de recursos desde la capital hacia los territorios: mientras el Gobierno Nacional dejaría de manejar 11 billones de pesos, las regiones recibirían 32 billones para decidir sus prioridades.

En Antioquia, la descentralización no es un discurso académico sino una necesidad práctica. Hay proyectos de infraestructura que llevan años esperando: la vía Medellín-Quibdó, el Tren de Cercanías del Valle de Aburrá y la ampliación del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro. Con autonomía fiscal, estos proyectos podrían comenzar sin esperar aprobaciones de Bogotá. Los recursos vendrían de fuentes fijas como impuestos de renta y patrimonio, además de transferencias del Sistema General de Regalías.

Juan Espinal, senador electo por el Centro Democrático, respaldó la iniciativa. Advirtió que la Constitución de 1991 ya contemplaba una Colombia descentralizada, pero eso sigue siendo letra muerta. "Necesitamos que la descentralización administrativa y fiscal de la Constitución de 1991 se concrete y que los recursos sean administrados por los gobernadores y los alcaldes", explicó.

El documento que preparan los gobernadores se basa en tres pilares: seguridad, autonomía fiscal y gestión directa de recursos. Es una presión regional sin precedentes que busca poner en la agenda del Congreso para el periodo 2026-2030 lo que consideran un cambio fundamental: que las regiones tengan las herramientas económicas para resolver sus propios desafíos. Sin eso, advierten, el desarrollo social y la seguridad seguirán siendo deudas imposibles de pagar desde los territorios.