En la Cumbre de la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores del país no ocultaron su satisfacción con la decisión de la Corte Constitucional que les ordena al Gobierno devolver 25.000 millones de pesos capturados durante la emergencia económica. Para los mandatarios regionales, este fallo representa mucho más que un triunfo legal: es una reafirmación de que las regiones tienen derechos que no pueden ser pisoteados, ni siquiera en tiempos de crisis.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, fue especialmente enfático en sus palabras. "Triunfó la rebelión de los gobernadores. Le agradecemos mucho a la Corte por ser un pilar de la democracia y por evitar esa usurpación que quería hacer a través de una emergencia económica el Gobierno nacional", expresó. Para Rendón, este episodio no es solo un paréntesis en una disputa de poderes. La verdadera batalla que viene, según su visión, es derrotar el centralismo que históricamente ha concentrado los recursos en la capital. Propone que con autonomía fiscal, los territorios podrían capturar cerca de treinta y dos billones de pesos que hoy quedan en manos del Gobierno central.

Desde el Valle del Cauca, Dilian Francia Toro recordó que los gobernadores ya habían advertido sobre la inconstitucionalidad de esa medida desde el inicio. "Los gobernadores dijimos muy claramente, es inconstitucional, los recursos no son del Gobierno nacional, son cedidos a los departamentos constitucionalmente", señaló. Para ella, lo más urgente ahora es que esos dineros regresen pronto a las arcas departamentales, particularmente para fortalecer la salud. La gobernadora explicó que el régimen subsidiado en los departamentos seguía colapsando mientras el Gobierno retenía recursos que constitucionalmente no le pertenecen.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, enmarcó la decisión judicial como "un alivio para las regiones". Explicó que la emergencia económica había afectado directamente las rentas cedidas, aquellos impuestos sobre el tabaco y los licores que por ley deben ir a los departamentos. Lo paradójico, según Cortés, es que al retener esos recursos, el Gobierno terminó generando más contrabando y, consecuentemente, menos dinero para todos. "Esa declaratoria lo único que hacía era aumentar el contrabando y, por supuesto, generarle menos recursos a los gobiernos departamentales", afirmó.

Lo importante para los gobernadores va más allá del dinero que ahora deben recuperar. Ven en este fallo una oportunidad para reabrir una conversación pendiente en el país: cómo hacer que las regiones tengan suficientes recursos propios para atender salud, educación y servicios básicos sin depender de las migajas que baja el Gobierno nacional. Para ellos, la autonomía fiscal no es un capricho regional, sino una necesidad para que Colombia deje de funcionar como un país donde todo se decide desde Bogotá.