Los gobernadores del país salieron al paso para advertir sobre los riesgos de liquidar las EPS intervenidas. A través de la Federación Nacional de Departamentos presentaron este jueves un comunicado señalando que la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro el 16 de marzo pondría en peligro a miles de colombianos, especialmente aquellos que viven con enfermedades crónicas, huérfanas o que requieren tratamientos de alto costo.

La preocupación de los mandatarios territoriales tiene números detrás. Según datos de la FND, las ocho EPS intervenidas adeudan 10,6 billones de pesos a hospitales públicos del país. Más grave aún, la experiencia muestra que cuando se liquidan empresas de salud, la deuda acumulada termina siendo prácticamente irrecuperable. "La experiencia histórica es determinante: en las 60 EPS liquidadas o en proceso de liquidación, registradas en el Sistema de Información Hospitalario del Ministerio de Salud, entre el 99,1 % y el 99,3 % de toda su cartera con los hospitales se convierte en deuda irrecuperable", señala el comunicado firmado por los gobernadores.

Si se liquidan seis de las ocho EPS que operan actualmente, los hospitales públicos enfrentarían pérdidas entre 3,6 y 4,5 billones de pesos, lo que representa entre el 33 y el 47 por ciento de toda la cartera hospitalaria pública nacional. Esto, advierten, comprometería la viabilidad de muchas Empresas Sociales del Estado departamentales y municipales, limitando la capacidad de atender a los pacientes más vulnerables. "Lo que está en juego no es solamente el futuro jurídico de unas entidades, sino la atención de millones de colombianos que quedarían expuestos por decisiones improvisadas que no cuentan con respaldo territorial", afirmó Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y presidenta del Consejo Directivo de la FND.

En lugar de proceder directamente con las liquidaciones, los gobernadores plantean ocho exigencias para hacerlo de manera responsable. La primera es crear una mesa de coordinación entre el gobierno nacional y los territorios que incluya a los ministerios de Salud y Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y los secretarios de salud departamentales. Esta mesa debería elaborar un diagnóstico territorializado y un plan de contingencia antes de cualquier liquidación. También solicitan proteger la cartera hospitalaria pública con mecanismos jurídicos que eviten pérdidas irreversibles, y garantizar que en cada departamento existan aseguradores alternativos disponibles, especialmente en zonas rurales y fronterizas.

Otro aspecto clave es que el gobierno materialice formalmente su promesa de asumir la deuda de Nueva EPS con un documento jurídico verificable que detalle montos, fuentes de financiación y cronogramas de pago. Además, piden que se reconozca la responsabilidad de socios privados en las EPS de economía mixta y que cualquier liquidación sea diseñada con visión de continuidad, permitiendo que gobiernos posteriores la gestionen sin limitaciones. También exigen transparencia sobre cómo funcionaría el acceso a medicamentos y que se garantice la atención integral en consulta ambulatoria, hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación.

Los gobernadores insisten en que la salud no puede permitirse vacíos de transición. Cada día sin medicamentos o sin atención especializada puede significar un deterioro irreversible en la salud de los pacientes. Por eso reiteraron que cualquier decisión sobre liquidación de EPS debe ser planificada de manera responsable, gradual y territorializada, priorizando siempre la protección de la población colombiana.