Gobernadora Guerra denuncia campaña de desprestigio financiada contra su administración

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, acusa a sectores políticos de financiar una operación mediática para atacar su imagen y frenar su gestión. Asegura tener evidencias de pagos a periodistas y señala que también ha sido víctima de violencia política. Sus denuncias apuntan indirectamente hacia el movimiento del exgobernador Carlos Caicedo, del que se ha distanciado.
La gobernadora del Magdalena salió a defenderse públicamente con un pronunciamiento que dejó clara su convicción: está siendo blanco de una operación coordinada para desprestigiarla. Margarita Guerra afirmó en redes sociales que ha recibido información y evidencias que prueban que "gruesas sumas de dinero" habrían sido entregadas a por lo menos tres periodistas de medios con amplio alcance para atacar tanto su vida privada como la transparencia de su gestión como mandataria.
Aunque Guerra no nombró directamente a sus adversarios, en los pasillos políticos del departamento sus palabras resonaron como una acusación velada hacia el caicedismo, ese movimiento que en el pasado la respaldó electoralmente pero que hoy ve con preocupación cómo ella ha ganado independencia política. "Los autores intelectuales de esta operación miserable le habrían pedido a esa prensa fletada que destruyan mi imagen personal y frenen el ascenso del modelo de gobierno que hoy le está devolviendo la dignidad al Magdalena", expresó la gobernadora. Según ella, detrás de esto no hay periodismo independiente sino "intereses oscuros, delincuentes de cuello blanco y estructuras desesperadas por recuperar los privilegios que perdieron".
La autonomía que Guerra ha mostrado en los últimos meses respecto al exgobernador Carlos Caicedo le ha ganado puntos entre los magdalenenses, pero aparentemente también ha molestado a sectores de Fuerza Ciudadana. Esa distancia ha sido visible en sus decisiones administrativas y políticas, marcando un antes y un después en su relación con el establishment político departamental.
Pero las acusaciones de Guerra van más allá del matoneo mediático. La gobernadora recordó que en marzo de 2025 sobrevivió a un atentado armado en Santa Marta, un incidente que fue documentado en un informe nacional de violencia político-electoral de la Fundación Paz y Reconciliación. Además, informó que el 11 de abril de 2026 el Gobierno Nacional clasificó su caso como "prioridad nacional" de seguridad tras confirmar amenazas directas contra ella por estructuras criminales que operan en la región. "Soy una mujer víctima de violencia política", afirmó.
La mandataria anunció que entregará toda la información y las pruebas sobre esta operación mediática a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones. En su mensaje final, Guerra dejó claro su postura: "No me van a intimidar. No me van a silenciar, no voy a retroceder", concluyó, reafirmando su compromiso de gobernar sin miedo con un modelo que prioriza la cercanía con las comunidades y la independencia política.
Fuente original: Seguimiento

