La polémica sobre las condiciones laborales en el Hospital Universitario del Valle escaló este jueves cuando la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, salió al paso de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien había denunciado que en ese centro asistencial existía "prácticamente un centro de esclavitud" y pidió que se respetara "la fuerza de la salud". La mandataria fue enfática en defender tanto la legalidad de los procesos como el trabajo que desarrolla la institución, pese a los cuestionamientos sobre la modalidad de contratación del personal.

El punto de quiebre surge de una visita que realizó la viceministra de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Sandra Milena Muñoz, al hospital tras denuncias sobre desigualdades entre trabajadores. Según Muñoz, el 90 por ciento del personal está contratado de manera "ilegal" a través de sindicatos: cuatro mil personas en esta modalidad frente a apenas 260 trabajadores en nómina directa. Además cuestionó que estos trabajadores sindicalizados ganan menos que los de planta y disfrutan de menos días de vacaciones.

Sin embargo, Toro fue clara en su posición: "Primero, las agremiaciones no son ilegales, eso es legal, y sí es legal, pues no puede haber contratos ilegales". La gobernadora enfatizó que este modelo de contratación no es exclusivo del HUV sino que se usa en todo el país, y lo relacionó directamente con la crisis financiera que atraviesa el hospital. Según explicó, desde 2016 el centro se acogió a la ley 550 de reestructuración financiera, precisamente para evitar su liquidación, y esa misma ley limita la creación de nuevos cargos en nómina.

Toro fue más allá en sus explicaciones y apuntó directamente a las EPS como raíz del problema. Señaló que el hospital tiene una cartera de más de 600 mil millones de pesos en giros atrasados por servicios prestados, y que instituciones privadas han cerrado sus puertas a usuarios de EPS intervenidas por el Gobierno nacional, como Nueva EPS. En ese contexto, el HUV es prácticamente el único que sigue prestando servicios. "¿Por qué no tenemos recursos? Porque no les pagan", cuestionó la mandataria.

La gobernadora pidió que cualquier intervención o investigación se haga "con un proceso como debe de ser" sin prejuzgar antes de tener resultados. "Eso lo definirán ya las investigaciones sobre qué hay que hacer porque lógicamente también tenemos que defender la dignidad laboral", reconoció, dando espacio a que se determine si hay irregularidades en las condiciones de los trabajadores sindicalizados. Con todo, reafirmó su compromiso de defender el Hospital Universitario como referente de salud pública en el suroccidente, reconociendo además el esfuerzo de médicos, enfermeras, especialistas y personal administrativo que sigue cumpliendo sus funciones en medio de la crisis.