La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, no escondió su satisfacción con la decisión de la Corte Constitucional de anular el impuesto que el Gobierno nacional había querido meter a los licores. El decreto 1474 de 2025, que elevaba el IVA a estas bebidas del 5% al 19%, fue tumbado por la Corte, que además ordenó que se devuelvan los recursos que se recaudaron bajo esa medida. Para la gobernadora, este fallo valida lo que desde hace tiempo venían diciendo los mandatarios regionales del país.

Toro fue clara en explicar por qué la medida era problemática. "Los gobernadores dijimos muy claramente que era inconstitucional. Los recursos no son del Gobierno nacional, los recursos son cedidos a los departamentos de acuerdo a la Constitución y por una emergencia económica no se pueden tumbar", manifestó. La gobernadora recalcó que el dinero que se cobraría con ese impuesto no era de nadie más que de las regiones, y usarlo para el Presupuesto General de la Nación era simplemente quitar plata donde ya hace falta.

El impacto habría sido brutal en la cotidianidad de los vallecaucanos. Un aguardiente que costaba entre 39 mil y 42 mil pesos habría llegado a costar entre 68 mil y 75 mil pesos, un aumento que rondaba el 30% o el 40%. Eso no solo afectaba a quien toma licor, sino a todo un ecosistema: bares, restaurantes y comercios pequeños que viven de ese negocio. Según gremios locales como el CIEV y Acodrés, el consumo legal pudo haber caído hasta en un 47%, lo que habría puesto en riesgo muchos negocios en la región. Además, con menos ventas, bajaba la entrada de plata a las llamadas rentas cedidas, recursos que por ley tienen que ir a salud, educación y deporte.

Lo que más preocupaba a la Gobernación era el efecto dominó. Si el licor legal se encarecía mucho, la gente buscaría alternativas ilegales: el contrabando y las bebidas adulteradas. Eso no solo era un golpe económico, sino un riesgo para la salud pública de los vallecaucanos. "Con ese problema de salud que teníamos y todavía quitando los recursos, era imposible poder lograr mejorar la salud en los departamentos", dijo Toro.

Ahora que la Corte resolvió a favor de los gobernadores, queda pendiente cuánto dinero devuelven exactamente. Para Toro, esa devolución es clave. "Toca ver cuánto nos devuelven, porque eso nos va a servir muchísimo para la salud, sobre todo para el régimen subsidiado, que es uno de nuestros problemas en los departamentos", concluyó. Con este fallo, se reabre también el debate sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno nacional cuando necesita recursos urgentes, y qué tanto puede tocar la plata que ya está destinada para las regiones.