La tensión política y judicial en Antioquia llegó a un punto crítico esta semana con la radicación de una acción de nulidad por parte del gobernador Andrés Julián Rendón. El mandatario departamental acude al Consejo de Estado para impugnar la Resolución 0072 de 2026 emitida por la Fiscalía General de la Nación, que suspende 23 órdenes de captura contra cabecillas de bandas criminales operando en el Valle de Aburrá. Estas medidas hacen parte de los acercamientos de la política de "Paz Total" del Gobierno Nacional.

Desde el Concejo de Medellín, la concejala Claudia Carrasquilla, con reconocida trayectoria en asuntos judiciales, explicó el fundamento técnico de por qué considera que la demanda tiene altas probabilidades de prosperar. Según ella, existe confusión sobre quién puede tomar este tipo de decisiones. "La resolución 0072 es una decisión administrativa. Muchos podrán pensar que tiene carácter judicial, pero no es cierto. De acuerdo al artículo 250 de la Constitución Política, la Fiscal General solo puede emitir directrices administrativas; quienes aplican decisiones judiciales son los fiscales adscritos", explicó Carrasquilla. El presidente del Concejo también radicó su propia acción de nulidad, rechazando lo que calificó como una "consumación del pacto de la picota" que otorgaría beneficios excesivos a criminales que han impactado la seguridad de la ciudad.

El sector empresarial antiqueño no se ha mantenido al margen. Desde Proantioquia, Juliana Velásquez Rodríguez advirtió sobre las consecuencias de estas medidas: "El Estado de Derecho se cuida cuando el respeto a la ley se sostiene sin concesiones. Esta solicitud de suspender órdenes de captura deja un mensaje desesperanzador sobre la noción de justicia en Colombia". Por su lado, María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, fue aún más contundente al rechazar la liberación de siete cabecillas criminales, señalando que el mensaje que se envía es problemático: "El mensaje directo es que en este país ser bandido paga".

Lo que sucede en Medellín refleja la tensión existente entre dos visiones sobre cómo enfrentar el conflicto armado. Mientras el Gobierno Nacional defiende la suspensión de capturas como herramienta necesaria para el diálogo y la negociación, en Antioquia predomina la percepción de que se está sacrificando la justicia y la seguridad de los ciudadanos.

El próximo paso dependerá del Consejo de Estado. El tribunal debe decidir en los próximos días si admite la demanda y si, como medida cautelar, suspende los efectos de la circular de la Fiscalía para reactivar inmediatamente la persecución judicial contra estos líderes criminales. La decisión que tome será determinante para el futuro de la seguridad en la región.