La tensión entre Bogotá y Medellín subió varios grados después de que el presidente Gustavo Petro anunciara públicamente que tiene facultades constitucionales para destituir alcaldes que no controlen el orden público. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría en el país, especialmente cuando se conocen los conflictos que vive el país por las protestas contra el alza en los avalúos catastrales.

El mandatario nacional se apoyó en la Constitución, leyes estatutarias y decretos de conmoción interior para sustentar que el manejo del orden público es motivo directo para remover del cargo a un alcalde. Aunque lo dijo en términos generales, muchos lo vieron como un guiño amenazante hacia los alcaldes que no han podido frenar las manifestaciones ciudadanas.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, no se quedó callado. A través de su cuenta en X lanzó una crítica contundente: "Todo bravucón esconde una cobardía que lo define. Tan bravito amenazando a los Alcaldes, pero tan blandengue que es con los bandidos". Con esa frase, el gobernador buscó señalar lo que considera una doble moral: dureza contra funcionarios electos y blandura frente a estructuras criminales, todo bajo el paraguas de la "paz total".

El malestar no quedó limitado a Antioquia. Organizaciones como Fedemunicipios y Asocapitales salieron a rechazar lo que ven como un golpe a la democracia local. Los alcaldes argumentan que no pueden ser castigados con destituciones por problemas de orden público que surgen del descontento social legítimo, como el que genera una medida tributaria impopular.

Desde estos sectores se invocó incluso la Convención Americana de Derechos Humanos para recordarle al Ejecutivo cuáles son realmente sus límites para remover funcionarios que fueron elegidos por voto popular. El mensaje es claro: así sean del partido de gobierno o de la oposición, los alcaldes no pueden convertirse en rehenes políticos del Palacio de Nariño.