La tormenta política que sacude a Colombia no da tregua. El New York Times desató una onda expansiva al reportar que hay investigaciones preliminares en cortes federales de Estados Unidos sobre posibles conexiones entre el presidente Gustavo Petro y el narcotráfico, con apoyo de agencias como la DEA. Aunque aún no hay acusaciones formales, el tema ha puesto en alerta tanto a gobiernos extranjeros como a la opinión pública nacional. En el sistema judicial estadounidense, muchos casos se construyen a partir de testimonios de narcotraficantes condenados que buscan reducciones de pena a cambio de cooperación, lo que abre la pregunta de quiénes podrían declarar en contra del presidente colombiano.

En manos de las autoridades estadounidenses reposan cuatro presuntos integrantes del Cartel de los Soles, la organización criminal venezolana con la que, según versiones no comprobadas del Departamento del Tesoro, Petro habría mantenido contactos. Entre ellos están el exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, además de generales retirados. También hay narcos colombianos extraditados que podrían ser llamados a testificar, como Andrés Felipe Marín, conocido como "Pipe Tuluá", jefe de la banda "la Inmaculada", extraditado el mismo día en que Petro se reunía con Trump en Washington. Igualmente figuran Juan José Valencia Zuluaga, apodado "Falcon", socio del Clan del Golfo, y Jesús Berdugo Chávez, "Tánatos", aliado del cartel de Sinaloa. Según reportes, ambos habrían pagado cerca de 500 millones de pesos para evitar extradición e incluirse en la "paz total", aunque finalmente "Falcon" fue extraditado en 2022 y condenado a 14 años, mientras que "Tánatos" fue capturado en 2023.

Pero para el gobernador Andrés Rendón hay un eslabón que parece crucial en esta cadena: alias Calarcá, el líder de las disidencias de las Farc. Rendón aprovechó el revuelo mediático para denunciar lo que califica como connivencia del Gobierno con estas estructuras criminales. Lo más grave, a su parecer, no es solo que exista el grupo armado sino que decisiones institucionales habrían favorecido su operación. Como ejemplo, el mandatario regional menciona la captura de Calarcá por el Ejército en Antioquia y su sorprendente liberación pocas horas después, ordenada directamente por la Fiscalía. "El Gobierno ha pretendido arrodillar al Estado colombiano frente a esta estructura criminal", aseguró. Rendón además denunció que se habría compartido información de inteligencia con Calarcá que benefició a los detenidos.

El gobernador acusa directamente a Petro de actuar "como defensor de oficio" de alias Calarcá, en referencia a lo que ve como concesiones excesivas a grupos armados bajo la política de "paz total". En un mensaje publicado en X, Rendón cuestionó: "Fiscal Camargo: ¿dónde están los resultados de los hallazgos en los celulares de Calarcá, de su compañera sentimental, de alias Firu y de Ramiro, incautados durante el operativo a la caravana de la UNP en Antioquia? Ante el silencio que hoy impera en Colombia, resulta legítimo que autoridades internacionales, como las de Estados Unidos, pongan la lupa sobre estos hechos".

Frente a las revelaciones del New York Times, Petro ha rechazado categóricamente todas las acusaciones. Ha insistido en que nunca ha tenido contacto con narcotraficantes y que, al contrario, dedicó años de su vida a denunciar sus vínculos con sectores políticos tradicionales. También ha enfatizado que su campaña no recibió recursos ilícitos bajo ninguna circunstancia. Desde la Casa de Nariño se defiende la legitimidad del Gobierno, señalando que dentro de Colombia no existe ninguna investigación formal en su contra. La embajada colombiana en Washington calificó las insinuaciones como carentes de fundamento legal.

Lo que torna especialmente sensible este asunto es su impacto en Antioquia, una región desangrada por el accionar de grupos armados ilegales como las Disidencias. Homicidios, extorsiones, narcotráfico, reclutamiento forzado y minas antipersona son la realidad que sufren los antioqueños. Rendón sostiene que hay una brecha profunda entre la gravedad de la situación territorial y la respuesta del Ejecutivo nacional. Con una carga de frustración, el gobernador afirmó: "Para atacar a Antioquia están siempre listos; pero, para perseguir a los verdugos de nuestro pueblo, miran con complicidad hacia otro lado".